Casi 1.200.000 niños y adolescentes no están cubiertos por alguna de las diferentes asignaciones del Estado nacional, las que a su vez, muestran deficiencias en cuanto al monto, la progresividad y la equidad territorial.
El diagnóstico de la situación fue formulado por el Centro de Implementación de Politicas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que para solucionar la situación propuso una ampliación de la cobertura con un “Ingreso universal para la infancia” para que al término de una década tenga efectivamente un alcance del 100%. En un trabajo elaborado por Gala Díaz Langou, José Florito y Matilde Karczmarczyk, la entidad presenta dos escenarios para llegar al 2030 con el 100% de la niñez y la adolescencia cubierta por las transferencias del Estado nacional. El primero requeriría una inversión incremental en 10 años de $695.099 millones a valores actuales, equivalentes al 2,9% del PBI y propone un avance gradual y segmentado por grupos, en tanto el segundo, en el que se otorgaría la misma suma sin distinción de casos, demandaría $ 1.106.163 millones, un 5% del PBI. En la investigación de Díaz Langou, Florito y Karczmarczyk, se describe el esquema general de transferencias de dinero a las familias con niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se señalan las principales deficiencias. En la actualidad, las transferencias se realizan por tres vías: la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares contributivas y la deducción del Impuesto a las Ganancias.
“A pesar de los avances realizados en los últimos años, este esquema presenta cuatro problemas” de cobertura, equidad, suficiencia y progresividad, indicaron los investigadores. En el primer caso, señalan que “este esquema no es universal” ya que “casi 1.200.000 niñas/os y adolescentes no se encuentran cubiertos por ninguno de los tres pilares”. En cuanto a la equidad, sostienen que “el derecho de quienes están cubiertos por AUH es condicional al cumplimiento de requisitos en salud y educación, mientras que no hay tales exigencias en los otros pilares”. “El monto que transfiere el Estado a cada niña/o depende de la situación laboral de sus padres y los distintos tipos de cobertura no otorgan una transferencia equivalente ante un mismo nivel de ingreso”, indicaron, para agregar que “ningún monto, además, es suficiente para superar el umbral de indigencia o pobreza”. En cuarto lugar, manifestaron que hay “un problema de progresividad” debido a “la diferenciación en las prestaciones según zonas geográficas”.
Las dos soluciones propuestas fueron sintetizadas de la siguiente manera: Escenario 1: Se eliminan las restricciones normativas desde 2020 y se avanzan con un incremento gradual de los montos que logre alcanzar en 2030 el valor de la CBT (Canasta Básica Total, límite de la pobreza) para quienes hoy perciben AUH y los que se encuentran en las tres categorías más bajas del monotributo, y el valor de la CBA (Canasta Básica Alimentaria, tope de la indigencia) para quienes perciben asignaciones familiares contributivas y no contributivas y quienes en la actualidad deducen ganancias. Para estos grupos se crearía una asignación homogénea en forma gradual: desde 2020 el valor equivalente a la CBA para todos los niños/as, desde 2023 se incrementan los valores de la AUH a un 60% de la CBT, en 2026 alcanzan un 80% y en 2030 llegarían finalmente a la totalidad de la CBT. La inversión incremental en 2030 sería de $695.099 millones de pesos de 2020 y el 80% de este incremental se explicaría por los incrementos en la AUH, principalmente en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y la región pampeana. Escenario 2: si bien es análogo en su esquema de implementación al anteroor, considera que “independientemente de la situación laboral de las personas adultas, todos los niños/as deberían recibir la misma suma de dinero por parte del Estado, equivalente a la CBT”, con la ya mencionada inversión incremental de $1.106.163 millones.
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