La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso suprimir la clasificación de seguridad a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983.
A través del Decreto 4/2010 publicado hoy en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo se estableció “relevar de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25.520 y su decreto reglamentario 950/ 02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar”.
“A más de veinticinco años de reestablecida la democracia, desde el actual Estado democrático y republicano – señala el texto-corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos”.
Entre los considerandos del decreto se indica que debido a la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se generó “el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas”.
Por la cantidad de requerimientos judiciales de información con “clasificación de seguridad no pública”, y a los fines de adoptar una resolución integral que evite que frente a cada caso específico deba dictarse un decreto, se consideró que mantener dichas clasificaciones sobre la información vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas “resulta contraria a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003”.
El Decreto impulsado por el Ministerio de Defensa fue firmado por la Presidenta Fernández de Kirchner y los ministros de Defensa, Nilda Garré, y de Justicia y Seguridad, Julio Alak, a partir de los numerosos requerimientos judiciales recibidos en el 2009 en los que se solicitaba el acceso y la desclasificación de información clasificada por las Fuerzas Armadas como “Estrictamente Secreto y Confidencial”.
Desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa se afirmó que “resultaba inadmisible continuar manteniendo restricciones al acceso a la información que tuvieran clasificaciones tales como ‘Secreto de Estado’ que impedían el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado”.
“Dicha información resultaba necesaria a los fines de llevar a cabo las investigaciones o los debates en el marco de juicios orales por violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del Terrorismo de Estado. La gran cantidad de requerimientos hizo evidente la necesidad de adoptar una resolución integral que evitara dilaciones en la entrega de la información a las causas judiciales”, se agregó.
A partir de esta medida, la documentación existente en el seno de las Fuerzas Armadas relacionada con el terrorismo de Estado pasa a tener carácter público.
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