La medida la tomó la jueza María Servini y alcanza a las agrupaciones de Sergio Massa, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Guillermo Moreno.
La Justicia Electoral suspendió los aportes públicos a 20 espacios políticos por no presentar los balances del año 2025, entre los que se encuentran aquellos liderados por Sergio Massa (Frente Renovador), Elisa Carrió (Coalición Cívica-Ari), Margarita Stolbizer (GEN) y Guillermo Moreno (Principios y Valores).
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Stolbizer confirmó la noticia y aseguró que, en su espacio, el GEN, "cambiaron el contador" y, por ese motivo, "se demoró la presentación del balance".
La medida fue tomada por la jueza María Servini quien también le exigió a otras agrupaciones que presenten la documentación en los próximos 15 días hábiles, que es el periodo enmarcado dentro de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
El objetivo de la entrega del balance es garantizar la transparencia, la legalidad y el control del financiamiento de las agrupaciones para evitar aportes ilegales y prevenir el ingreso de dinero de actividades ilícitas o corporaciones prohibidas.
También permite, identificar y conocer quiénes financian a cada partido; y verificar que nadie supere los montos máximos de donación permitidos por la ley.
Por el momento, además de Coalición Cívica - ARI, GEN, Principios y Valores y Frente Renovador, continúan sin financiamiento público: Encuentro Republicano; Autonomista; Movimiento de Integración y Desarrollo; Frente Patriota Federal; de La Victoria; Demócrata Progresista; Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; Libertario; Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; Demócrata Cristiano; Socialista Auténtico.
Servini se apoyó en la Ley 26.215 que regula el origen, uso y control de los fondos de las agrupaciones políticas en nuestro país, y que combina los aportes del Estado con el financiamiento de privados. Los primeros tienen como fin la capacitación política y la realización de campañas electorales, sobre todo en un año como el próximo, donde se disputarán las elecciones presidenciales 2027.
Asimismo, la normativa le exige a los espacios políticos presentar todos los años los balances de sus ingresos y egresos con toda la documentación respaldatoria, en un plazo de 90 días desde la finalización de cada período; en el caso de no cumplir con el requerimiento de manera completa, se someterán a sanciones.
Además, cada partido debe tener una cuenta en un banco oficial para manejar todo su dinero, la cual debe presentar informes y saber quién lo otorgó y en qué se gastó. También, se aplicarán penas para aquellos partidos que rompan las reglas de transparencia o superan los límites de dinero permitido.
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