La Policía Federal realiza 20 operativos en busca de pruebas en el marco de la causa donde se investiga una asociación ilícita integrada por funcionarios judiciales, policías y abogados
Mientras los primeros detenidos en la causa donde se investiga una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios judiciales, policías bonaerenses y abogados fueron indagados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, detectives de Policía Federal Argentina realizan hoy 20 operativos con el objetivo de secuestrar pruebas de interés para el expediente y notificar a nuevos imputados.
En la causa hay dos funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro detenidos. Se trata de Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch, quienes se desempañaban como secretarios del fiscal Claudio Scapolan.
Scapolan está imputado, pero como tiene fueros no puede ser detenido. Sí, será indagado en los próximos días. Hasta la semana pasada, estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación por presunto armado de causas junto a policías tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial.
La sospecha de los investigadores es que la supuesta asociación ilícita "plantaba" droga a supuestos narcos o inocentes para después extorsionarlos.
"Extorsionaban a inocentes y culpables. Se dedicaban a recaudar dinero. Se guardaban droga secuestrada en procedimientos para después armar causas y exigir dinero a las personas que le plantaban los estupefacientes. No discriminaban a sus víctimas, podían ser narcotraficantes o personas que no tenían vínculo con el delito, pero sí un importante nivel de vida", afirmó a LA NACION días atrás el abogado Damián Odetti, denunciante y querellante en la causa.
Escándalo judicial: 20 operativos en la investigación por armado de causas
"Los operativos tienen como objetivo secuestrar prueba y notificar a nuevos imputados que no tienen orden de detención", explicaron las fuentes consultadas.
En las últimas horas, según se pudo saber, la jueza federal Arroyo Salgado había impuesto el secreto de sumario.
La causa tiene una decena de prófugos. Entre los imputados con pedido de captura hay tres abogados y detectives de la policía bonaerense.
Según informaron fuentes judiciales, uno de los prófugos es el oficial de la policía bonaerense Adrián Baeta. El uniformado cumplía funciones en la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Quilmes y fue un detective clave en el denominado operativo Leones Blancos, un procedimiento donde en diciembre de 2013 se secuestraron 500 kilos de cocaína.
Se sospecha, según fuentes judiciales, que la banda narco desbaratada en el denominado operativo Leones Blancos tenía, al menos, otros 500 kilos de cocaína que habrían sido robados por uniformados bonaerenses y fueron vendidos en la costa bonaerense durante el verano de 2014.
Pero, además, Baeta fue nombrado en otro expediente judicial de alto impacto: el homicidio del financista Diego Xavier Guastini, asesinado por sicarios en Quilmes el 28 de octubre pasado.
Baeta, según fuentes judiciales, era el jefe de la custodia de Guastini y fue la primera persona en llegar a la escena de crimen.
Guastini pudo haber sido el blanco de numerosas organizaciones criminales. Conocía con exactitud cuánto dinero movieron en los últimos años las grandes bandas narco que operaban en el país. Era quien se encargaba de entrar a la Argentina valijas llenas de los dólares y euros que se pagaban en Europa por valiosos cargamentos de cocaína. Cobraba un porcentaje por sus servicios, según reconstruyó en su momento LA NACION de tres fuentes judiciales.
El financista declaró ante la Justicia como arrepentido. Su aporte como imputado colaborador fue importante para el avance de numerosas causas judiciales.
Por: Gabriel Di Nicola
Fuente: LA NACION -
Fotos Crédito: Alejandro Guyot
Gabriel Di Nicola
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