Entregaran mañana un petitorio en casa de gobierno, en los juzgados penales provinciales y federal, la legislatura, el ministerio de DD. HH, el colegio de abogados. Reclaman el pronunciamiento de los distintos poderes en contra de la criminalización de las protestas, el sobreseimiento definitivo de unos 50 referentes sociales judicializados en la provincia y el cese del hostigamiento judicial a quines demandan el cumplimiento de sus derechos fundamentales incluido el de peticionar. Estarán acompañados por diputados nacionales y defensores de DD. HH.
Organizaciones sociales y gremiales de toda la provincia, cuyos miembros están judicializados por participar de protestas sociales, entregaran mañana un petitorio a los distintos poderes del Estado y a instituciones intermedias a fin de que estas se pronuncien en relación a la profundización del hostigamiento judicial que se experimenta en la provincia.
La presentación, programada para las 10 de este martes, estará acompañada de diputados nacionales que llegarán a la ciudad especialmente para este hecho. Además se entregaran las firmas que están recolectando docentes, tareferos, organizaciones intermedias y comunidad de Montecarlo en repudio a la persecución al docente Rubén Ortiz de también es parte la conducción de la UPDM. “Coincidentemente el mismo día, 26 de agosto, que la justicia federal anula los testigos de Ortiz y Di Marco, la justicia provincial revoca una sentencia que era favorable para Ortiz y otros docentes y hace lugar a una apelación presentada por nuestra propia secretaria general Marilu Leverberg, nosotros queremos que alguien nos explique tamaña coincidencia”, sostuvieron.
“El derecho a la protesta es una garantía constitucional para la protección de los demás derechos cuya violación el Estado conciente, avala y profundiza con la Política de criminalización y judicialización de referentes sociales que expresan las necesidades básicas insatisfechas de casi la mitad de los misioneros”, se destaca en el petitorio que será entregado.
La persecución del gremio a sus afiliados y la libertad de expresión
El mismo día que el Juez Federal José Luis Casals dictaminó la nulidad de los testimonios de los tareferos aportados como testigo por la defensa y cierra la instrucción de la causa en la justicia provincial, la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral revocaba la Sentencia en Primera Instancia y rechazaba una acción de amparo promovida por un grupo de docentes nucleados en la línea Compromiso con las Bases en contra de la Comisión Directiva de la UPDM y su titular Stella Maris Leverberg por las sanciones de apercibimiento y suspensión disputas por la misma con sanciones.
Las sanciones, según se describe en el mismo fallo, a raíz de distintas actividades, realizadas en el marco de la caravana educativa de abril del 2005, “en reclamo de la defensa de la escuela pública, de los derechos sociales del sector docente en disconformidad”. El castigo es además por declaraciones realizadas por varios de los docentes en medios periodísticos locales.
Según denuncian los docentes, este fallo desconoce los derechos constitucionales que los asisten, profundiza una vez la criminalización de la protesta y de la libre expresión y además es una muestra clara de la falta de independencia del poder judicial.
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