El jueves 12 de febrero del 2009 pocos minutos después de la hora 18 efectivos de la gendarmería nacional detuvieron de su domicilio a Rubén Ortiz, docente, secretario general de la CTA y dirigente del Movimiento Social de Misiones que acompaña el reclamo de los tareferos de la zona de Montecarlo. Durante casi 24 horas permaneció detenido en dependencias del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional incomunicado de hecho. La causa fue abierta a partir de las actuaciones de la fuerza de seguridad nacional y de una denuncia penal radicada por el gobierno de la provincia a través del Ministro Jorge Franco.
En mayo del 2009 se conoció que además de Ortiz estaba imputado Juan Carlos Di Marco, histórico dirigente social e integrante del Movimiento Social de Misiones, vinculado a la pastoral social del obispo emérito Joaquín Piña cuando este se desempeñaba como titular de la diócesis de Puerto Iguazú. La instrucción y el procesamiento estuvieron a cargo del juez Federal Mario Hachiro Doi, ratificado, sin elementos de prueba suficientes según la defensa, por la Cámara Federal de Apelaciones con las firmas de Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata. Ayer las partes fueron notificadas de que el expediente volvió al juzgado federal de Eldorado donde deberá ahora el juez José Luis Casals determinar la elevación a juicio oral o dictar el sobreseimiento definitivo.
“Lo más difícil fue explicar a mis hijos que su papá no era el malo, que no era un delincuente y tener que responderles cuando me preguntaban por el impresionante operativo de gendarmería que me sacó de mi casa”, sostuvo Rubén Ortiz a un año de esa detención y agregó “pasar la noche en el Escuadrón de Gendarmería de Eldorado, lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura militar y por donde pasaron todos los luchadores sociales perseguidos y encarcelados durante ese periodo fue muy triste y muy difícil, sentí que la historia se repetía”, destacó.
“A un año de esa vergonzosa detención y sabiendo que comparto el procesamiento con Rubén lo que tengo que decir es que 40 años de militancia con convicciones, 40 años de solidaridad con los más necesitados están más firmes que nunca. Yo le decía al secretario del juez ustedes nos procesan por ser solidarios, para mí es un orgullo porque ser discípulo de Jesús es ser solidario así que me van a tener que meter preso porque yo voy a seguir siendo solidario”, sostuvo Juan Carlos Di Marco y agregó que “la misma justicia que hoy reconoce la legitimidad y la legalidad del reclamo es la que deberá resolver nuestra situación. Después de los fallos judiciales a favor de los tareferos cómo va a probar este mismo juez que es un delito haber reclamado junto con ellos por lo que hoy ya nadie puede decir que es injusto”, sostuvo Di Marco refiriéndose al Dr. José Luis Casal quien deberá definir el sobreseimiento o la elevación a juicio oral de la causa.
La defensa de Ortiz y Di Marco, a cargo de los Dres. Roxana Rivas y Gustavo Haene apeló todas las instancias argumentando que en el expediente “no existe ningún elemento cierto para el procesamiento, en materia penal es requerido para llegar ese nivel de convicción que existan elementos concretos que hagan presumir que existió un delito, no se pudo observar en las constancias del expediente ninguna prueba contundente”, sostuvo la Dra Rivas quien destacó además que la figura de instigador que quiere endilgar la justicia en este caso es un delito que “requiere elementos sumamente específicos que pruebe que la persona públicamente realiza actos tendenciosos a los fines de inducir a otras personas a cometer determinados delitos, ese punto especifico no surge de ningún acto judicial, de ninguna medida probatoria o constancia documental, los propios gendarmes que labraron las actas y los testigos que firmaban destacaron el papel de mediador que tenían Di marco y Ortiz en este conflicto. Lo grave es la confusión de conceptos que aparecieron en los fundamentos del procesamiento, no se puede forzar, o inducir un término como el de interlocutor o mediador y equipararlo al de instigador son completamente diferentes”, sostuvo la defensora.
Mientras se sustancia esta causa penal la protesta de los tareferos de Montecarlo, que comenzó siendo por la inclusión en el subsidio para la interzafra se intensificó. Ahora exigen la devolución de la totalidad de lo retenido por la ANSES en concepto de asignaciones familiares y la modificación de las condiciones de explotación a la que aún hoy están sometidos estos trabajadores y sus familias. Hoy recibirán nuevamente a funcionarios provinciales al costado de la ruta, en la rotonda de Montecarlo a la espera de soluciones concretas desde la ANSES.
“A un año el mismo gobierno que te metió preso te reconoce necesario para el dialogo, uno pasó de ser un delincuente a ser un facilitador alguien que puede ayudar, eso es muy llamativo”, remarcó Ortiz para quien la lucha de los tareferos recupera una historia de resistencia que en Montecarlo no se perdió a pesar la persecución e intento de aniquilamiento de la dictadura de toda la construcción social y política que tuvo esa zona “La cultura de resistencia que se generó en los 70 en Montecarlo sigue vivo y no necesariamente porque los mismos actores estén hoy en la ruta, hay una cultura política que la dictadura no pudo destruir, es conmovedor ver a personas de 70 o más años acompañando a sus hijos, recordando junto a ellos formas de luchas y solidaridad que la dictadura no pudo destruir”.
La Causa
Los dirigentes sociales fueron procesados por el delito de instigación a cometer el delito de interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra e interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra en concurso real (art. 209; 194 y 55 del CP). Está radicada en el Juzgado Federal de Eldorado a la espera de que finalice la instrucción. La definición estará a cargo del Dr. José Luis Casal el mismo juez que falló a favor de los tareferos en los recursos de amparos presentados contra la Anses en cuyos fundamentos reconoce la extrema vulnerabilidad social de estos trabajadores y sus familias.
La Dra. Rivas se mostró confiada en el sobreseimiento de sus defendidos y destacó que “una de las cosas que nunca se tuvo en cuenta en esta causa es el contexto de los hechos que dieron lugar a las denuncias y a esta posterior instrucción penal. Hoy la legitimidad de los reclamos es indiscutible, como también es indiscutible que todas las decisiones que se han tomado respecto a las modalidades de protesta, a las medidas de fuerza, los cortes etc, etc, ha sido a través de asambleas y de eso pueden dar cuenta las autoridades provinciales entre ellos la propia vicegobernadora Sandra Gimenez que pudo presenciar las últimas asambleas que tuvieron lugar a la vera de la ruta”, sostuvo la abogada.
La defensa está trabajando ahora en el listado de testigos que aportará en esta instancia entre los que se destacan varios además de los tareferos, afectados directos, también referentes sociales, políticos y académicos que podrán contextualizar la problemática como así también las modalidades de reclamo al que debieron apelar hasta llegar a la instancia judicial. Entre los confirmados hasta ahora puede mencionarse al obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña.
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