La Justicia Federal rechazó el pedido presentado por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender los efectos del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. La medida buscaba impedir que durante el proceso judicial se concretaran nuevas operaciones de venta de tierras a extranjeros.
La discusión por la Ley de Tierras volvió a sumar un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 rechazó una medida cautelar que pretendía frenar los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual fue derogada la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
El pedido había sido presentado por los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, quienes buscaban suspender provisoriamente la aplicación de la norma hasta que exista una sentencia definitiva sobre el planteo de fondo.
El juez Enrique Alonso Regueira decidió no hacer lugar a la cautelar al considerar que no estaban acreditadas circunstancias graves y objetivamente impostergables que justificaran una medida de ese tipo.
Qué buscaban frenar los diputados
Pichetto y Massot habían solicitado que se suspendieran los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 para evitar que, mientras avanza la discusión judicial, pudieran consolidarse operaciones de venta de tierras que posteriormente fueran difíciles de revertir.
El argumento planteado fue que una eventual sentencia favorable a la restitución de la Ley de Tierras podría llegar después de que determinadas operaciones ya se hubieran concretado.
Por eso, la cautelar buscaba mantener una situación de protección provisoria hasta que la Justicia se expidiera sobre la cuestión de fondo.
Qué pasó con la Ley de Tierras
La Ley 26.737 establecía un régimen de protección sobre el dominio, la posesión y la tenencia de tierras rurales.
Su derogación se produjo mediante el DNU 70/2023 y abrió una disputa judicial y política que continúa hasta la actualidad.
La Corte Suprema había revocado recientemente un fallo que había declarado inconstitucional la derogación, pero aclaró que aquella decisión no implicaba pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU, sino que estaba vinculada con la falta de legitimación de la entidad que había iniciado esa demanda.
Ese punto es importante porque la discusión sobre la constitucionalidad de la derogación continúa abierta a través de otros expedientes.
La Corte convocó a conjueces
El mismo martes en que se conoció el rechazo de la cautelar, la Corte Suprema resolvió convocar a dos conjueces para avanzar en otra causa relacionada con la Ley de Tierras.
El máximo tribunal no logró unanimidad entre sus integrantes para resolver el planteo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie contra el artículo 154 del DNU 70/2023.
El sorteo de los conjueces permitirá continuar con el tratamiento de ese expediente.
De esta manera, la cuestión sobre la derogación de la Ley de Tierras permanece en el centro de una disputa judicial que podría tener nuevas definiciones durante los próximos meses.
Por qué el tema es importante para Misiones
La discusión tiene especial interés para Misiones, una provincia con amplias zonas rurales, áreas de frontera y una fuerte presencia de recursos naturales.
La posibilidad de que se modifiquen las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros genera preocupación entre sectores políticos, sociales y ambientalistas que consideran que el territorio y los recursos naturales deben contar con mecanismos específicos de protección.
Al mismo tiempo, quienes respaldan la derogación de la Ley de Tierras sostienen que debe existir mayor libertad para las operaciones inmobiliarias y para la inversión.
La controversia, por lo tanto, no está cerrada y combina aspectos jurídicos, económicos, ambientales y de soberanía territorial.
El debate continúa
El rechazo de la cautelar no significa que haya quedado resuelto definitivamente el debate sobre la Ley de Tierras.
Por el contrario, la discusión continúa en distintos ámbitos judiciales y políticos. Mientras la Justicia analiza nuevos planteos, sectores de la oposición impulsan alternativas para restablecer las restricciones que establecía la Ley 26.737.
La próxima intervención de la Corte Suprema, con la participación de conjueces, será otro capítulo clave de una disputa que puede tener consecuencias sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales en todo el país.
Fuente: Noticias Argentinas.
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