Cada beneficiario acumula, desde diciembre de 2023, una perdida de $2,7 millones equivalentes a cinco salarios mínimos. Más de 27 mil personas mayores ya retiradas se tuvieron que reinsertar al mercado de trabajo para poder sobrevivir.
Los jubilados que perciben el haber mínimo más el bono cobran en la actualidad poco más de $489 mil. Es lo que surge de añadir al haber mínimo de $419.775 los $ 70 mil que reciben bajo la forma de un bono extraordinario y que se mantiene congelado desde marzo de 2024.
La actual gestión decidió no actualizar ese ingreso extraordinario luego de avanzar con una nueva fórmula de movilidad trimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esa forma el gobierno redujo el ingreso en términos reales de los trabajadores pasivos y, a la vez, forjó un discurso de aparente sostenimiento del poder adquisitivo de los haberes.
Sin embargo, en poco más de dos años y medio de gobierno, los datos dan cuenta del impacto real de esa política. La inmensa mayoría de los jubilados y jubiladas que son los que cobran el bono perdieron un 42% de su poder adquisitivo. De esa forma resignaron en manos del Estado el equivalente acumulado a $2.721.627 cada uno.
Por ese motivo, asegura un informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, más de 27 mil jubilados y jubiladas se vieron obligados a reinsertarse en el mercado de trabajo para poder llegar a fin de mes. Pero además, el 61,6% de las mujeres mayores que se ven obligadas a seguir trabajando una vez retiradas lo hacen en situación de informalidad laboral cuando, en diciembre de 2023 representaban un 51,2%.
Entre los varones la informalidad escala al 55,6% cuando el porcentaje general se ubicaba en el último trimestre de 2025 en un 43%.
Además, sostiene el estudio, un 17,7% del total se encuentra endeudado con prestamistas no bancarios que, en general, ofrecen créditos con tasas de interés muy superiores a las del mercado. El fenómeno afecta a más de 1.345.000 personas de la tercera edad. Desde diciembre de 2024 se sumaron a esa situación más de 200 mil personas en situación de retiro.
El estudio señala que la política de ajuste sobre el sector previsional equivale a la apropiación de cinco haberes mínimos por beneficiario que, destacan, jamás recuperará.
Pero además, la aprobación de la ley de modernización laboral amenaza con desfinanciar todavía más la caja de la ANSES en tanto el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que entra en vigor en noviembre de este año, permitirá a las empresas financiar los despidos con los aportes de sus trabajadores activos destinados a la seguridad social que son los que financian a los actuales jubilados y jubiladas.
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