En la mañana de este miércoles, representantes de las organizaciones nucleadas en la Mesa de Unidad Docente en Lucha se reunieron con autoridades de Hacienda y del Consejo General de Educación en la Escuela Normal de Posadas. Además de los reclamos salariales, se plantearon cuestiones relativas al manejo de datos personales y al endeudamiento de las y los trabajadores de la educación. La oferta realizada por las autoridades fue rechazada por insuficiente, y las organizaciones docentes no oficialistas definirán en los próximos días las medidas de lucha a seguir.
La oferta salarial
La propuesta del gobierno provincial fue rechazada de manera unánime por la Mesa de Unidad por considerarla absolutamente insuficiente. Según se informó, para julio el salario inicial pasaría de 750.000 a 801.000 pesos, y en septiembre a 820.000 pesos. En el caso de los docentes con mayor antigüedad —25 años—, el salario pasaría a 1.018.180 pesos en julio y a 1.054.641 pesos en septiembre. El salario básico, por su parte, quedaría establecido en 190.000 pesos en julio y en 194.645 pesos en septiembre.
Endeudamiento docente y uso de datos personales
Frente a esta propuesta, las organizaciones exigieron un plan de desendeudamiento para las y los trabajadores de la educación, al que calificaron de "tremendo". Reclamaron una quita de intereses sobre las deudas y un plan serio, que —afirmaron— no se condice con lo que actualmente plantea el gobierno. También cuestionaron el posible uso, venta o entrega de datos personales de docentes por parte del Consejo General de Educación a empresas o mutuales que ofrecen servicios financieros.
Haberes jubilatorios
Ante lo expresado por autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) acerca de que el Consejo General de Educación no les remite datos necesarios para la correcta liquidación de jubilaciones docentes, la Mesa de Unidad Docente planteó en la reunión el urgente cumplimiento de esa tarea. Ante el reclamo, los representantes del Consejo afirmaron cumplir con el envío de los datos, lo que —según señalaron desde la Mesa— contradice lo que informa el propio IPS.
También se denunciaron irregularidades en el cambio de criterio aplicado por el IPS al momento de liquidar el FOPID y el presentismo, y se exigió que el Consejo General de Educación habilite canales adecuados para la certificación del presentismo, un requisito necesario para las jubilaciones.
Causas judiciales y democratización
La Mesa reclamó también la anulación de las sentencias judiciales que pesan sobre Leandro Sánchez y Mónica Gurina, maestros condenados por su participación en los reclamos salariales de 2024, y el desprocesamiento de quienes luchan por sus derechos, un compromiso que —según denunciaron— el gobierno aún no ha cumplido.
Asimismo, se planteó que en las elecciones de Junta de Clasificación y Disciplina y Consejo General de Educación previstas para octubre de este año se respete lo establecido por la Constitución provincial en cuanto a la elección de los consejos departamentales, como forma de democratizar el sistema.
Además, la Mesa de Unidad Docente reiteró a las autoridades su rechazo a la implementación del SUNA (Sistema Único de Novedades de Agentes) por considerar que genera mayor persecución y pérdida de derechos para las y los trabajadores, además de sumar horas de trabajo extra no remuneradas.
Definiciones pendientes
Ante el rechazo generalizado a la oferta salarial, desde la Mesa de Unidad Docente advirtieron que, de no mediar una modificación de la propuesta, no habrá inicio del ciclo lectivo en el segundo semestre.
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