La iniciativa apunta a mejorar la precisión en la medición del consumo de agua potable. El dispositivo evitaría que la presencia de aire en las cañerías genere registros incorrectos en los medidores domiciliarios.
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Posadas propone obligar a la empresa Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) a instalar bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias de agua potable de la ciudad. Tiene como objetivo garantizar que los medidores registren únicamente el consumo real del recurso y evitar posibles errores en la facturación del servicio.
La iniciativa del concejal Jair Dib, establece que el dispositivo, conocido técnicamente como “Air Lock”, deberá colocarse inmediatamente después del hidrómetro en cada conexión domiciliaria. Su función es retener el aire que pueda circular dentro de las cañerías, permitiendo únicamente el paso del agua hacia el medidor. De esta manera, se busca evitar que el aire en las tuberías genere registros en los contadores que no correspondan al consumo efectivo del líquido.
De acuerdo con el texto del proyecto, la obligación alcanzaría tanto a las conexiones domiciliarias existentes como a las nuevas instalaciones que se realicen en el futuro dentro del ejido urbano de Posadas. La propuesta también establece que el costo de adquisición e instalación del dispositivo deberá ser asumido en su totalidad por la empresa concesionaria del servicio, sin generar gastos adicionales para los usuarios.
Además, Dib explicó que “el bloqueador de aire pasará a formar parte de los equipos asociados a la concesión del servicio público de agua potable“. En ese sentido, la empresa prestataria deberá encargarse también de su mantenimiento y correcto funcionamiento, realizando las tareas de control y revisión periódica necesarias para garantizar su operatividad junto con el medidor domiciliario.
El proyecto también contempla situaciones excepcionales en las que la instalación del dispositivo no sea técnicamente viable. El Concejal explicó que entre los casos previstos se mencionan las redes privadas independientes o situaciones donde exista una falta permanente de presión que impida el funcionamiento adecuado del sistema. En estas circunstancias, la excepción deberá contar con un informe técnico conjunto elaborado por SAMSA y el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC), además de la autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.
La iniciativa también faculta al municipio a fiscalizar la correcta aplicación de la medida, en el marco de las atribuciones que posee el gobierno local para supervisar la prestación de los servicios públicos dentro de su jurisdicción. En ese sentido, el Departamento Ejecutivo Municipal quedaría habilitado para reglamentar la ordenanza y establecer los mecanismos de control necesarios para su implementación.
El texto también menciona que la iniciativa se encuentra alineada con los principios de protección y defensa de los consumidores establecidos por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Reconoce el derecho de los usuarios a recibir servicios públicos bajo condiciones de calidad, eficiencia y trato equitativo. Desde esta perspectiva, la incorporación de herramientas técnicas que mejoren la precisión en la medición del consumo representa una garantía adicional para los usuarios del servicio.
Asimismo, los fundamentos del proyecto señalan que la propuesta encuentra respaldo en la autonomía municipal establecida por el artículo 123 de la Constitución Nacional. Esta reconoce a los municipios facultades para organizar y regular los servicios públicos dentro de su jurisdicción. En esa línea, también se menciona que la Carta Orgánica de Posadas establece que el Departamento Ejecutivo conserva el poder de policía sobre los prestadores de servicios públicos, incluyendo la fiscalización del funcionamiento, la eficiencia del servicio y el régimen tarifario.
Desde una perspectiva de gestión pública, la iniciativa busca promover mejoras técnicas en la prestación del servicio de agua potable y consolidar mecanismos que refuercen la confianza de los usuarios en el sistema de medición y facturación. En ese sentido, el proyecto sostiene que la instalación obligatoria de bloqueadores de aire representa una política pública viable que podría beneficiar tanto a los usuarios como al funcionamiento general del sistema de provisión del recurso.
Fuente: Canal 12
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