Rechazaron el ofrecimiento del gobierno provincial por “violento, indigno y maquiavélico”. Elaboraron una contrapropuesta y se convocan para hoy “al costado de la ruta en los diferentes pueblos en lucha”. Habrá “volanteadas”, instalación de carpas y asambleas permanentes.
Llaman a los “docentes de toda la provincia a sumarse a la defensa de los derechos avasallados por el gobierno y los gremios cercanos”. El paro es sin asistencia a los lugares de trabajo y la duración se ratificará al final de cada jornada.
Docentes “Autoconvocados por la Dignidad” se reunieron ayer en la Escuela de Comercio de Eldorado para evaluar las propuestas anunciadas por el gobierno provincial a través del Ministro de Educación Luis Jacobo. La asamblea consideró una verdadera provocación las opciones y las rechazó “por violento, indigno y maquiavélico”. Destacaron que “sólo aporta a promover el quiebre entre los trabajadores favoreciendo a unos en detrimento de otros”.
Repudiaron además el incumplimiento de los acuerdos comprometidos por los enviados del Gobernador Maurice Closs en los distintos espacios de negociación al que los trabajadores asistieron como muestra de la voluntad de dialogo que nunca abandonaron. “A pesar de numerosas actas, firmadas oportunamente, vuelve a descontar y a judicializar la protesta y no devuelve lo descontado por paros; recurriendo una vez mas a esta “nueva política de estado” que consiste en mentir y apostar al desgaste de los trabajadores”, apuntaron en el acta que se difundió al finalizar la asamblea que reunió a unos 150 docentes de diferentes puntos de la provincia.
Los docentes resolvieron además convocar a un paro para hoy 1 de junio sin asistencia a los lugares de trabajo con movilización, concentraciones, volanteadas e instalación de carpas en las localidades que se sumaron a la autoconvocatoria.
La contrapropuesta
La asamblea nuevamente elaboró una contrapropuesta, coherente con las discusiones que se venían sosteniendo en la mesa de negociación que funcionó en el Ministerio de Derechos Humanos y en la reunión que se realizó el domingo último con uno de los negociadores del gobierno. La misma consiste en el cese de los descuentos, la devolución de los días de paro inconstitucionalmente descontados y la no judicialización del derecho constitucional a la protesta. Además de insistir en el pase al básico, en el mes de junio, de los 100 que hoy están como remunerativos y bonificables, y generar un adicional remunerativo y bonificable de 100 pesos a cobrarse en tres tramos consecutivos a partir de junio de $ 40, $ 30 Y $ 30. Sostener el reclamo de un básico de 1400 pesos y “seguir discutiendo la grilla salarial a fin de alcanzar el 100 % a los 20 años de antigüedad”.
“Sólo delegamos representatividad en la asamblea”.
Los docentes remarcaron la ausencia de mecanismos participativos y de discusión dentro del Frente Gremial para la consulta informada a las bases y la falta de una conducción clara en momentos difíciles del conflicto, situación que consolidó la autoconvocatoria que ya se venía evaluando desde hace varios días.
No obstante desde la asamblea se mantuvo contacto con referentes del Frente a quienes se les invitó a participar de la misma y se les informó de las resoluciones. El encargado de mantener el dialogo fue Ricardo Piris delegado departamental de UDPM de Eldorado quien destacó que “en el interior nos sentimos un poco abandonados por la conducción, sentimos que están más interesados en que nos bajemos de la lucha a que sigamos peleando por nuestros derechos”.
El derecho a la protesta: el primer derecho
Los trabajadores lamentaron la escalada de violencia discursiva, mediática y el hostigamiento judicial que desde las máximas autoridades del gobierno provincial se ha ejercido sobre los sectores que reclaman y particularmente sobre los docentes. “Optando por este camino antes que por la búsqueda de soluciones en instancias respetuosas y democráticas de negociación”.
Recordaron que el derecho a la protesta es una garantía constitucional, protegida especialmente por Acuerdos y Pactos Internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Sólo para mencionar un ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “los Estados deben establecer garantías reforzadas para la protección de los discursos críticos o disidentes y prestar especial atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”.
El Dr. Eugenio Zaffaroni, miembro de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, sostiene que la protesta social “es un derecho constitucional implícitamente reconocido en la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión, de expresión, de reunión y de asociación. El derecho a la protesta está exento de toda posibilidad de tipificación o de prohibición penal, como cualquier ejercicio de derecho. Lamentablemente, y aquí comienza la aberración interpretativa, hay una penosa tarea de rastrillaje de tipos penales en el Código Penal, de tipos contravencionales en los códigos contravencionales, etc., para ver dónde se puede elastizar un tipo penal y enchufar la conducta a la fuerza -violando el principio de interpretación restrictiva de los tipos penales”.
“La protesta social es la válvula de escape del conflicto en democracia y, por lo tanto, nunca es un atentado a las lógicas de la democracia sino un requisito y hasta un “indicador” de los niveles de democracia de un régimen político y comunicativo. Si no hay posibilidad de protesta social, si los gobiernos criminalizan la protesta social, si los medios de comunicación la invisibilizan y la estigmatizan, entonces asistimos a un régimen democrático endeble o al menos restringido. La protesta social es en últimas la garantía del derecho a la resistencia”, puede leerse en un reciente trabajo de periodistas y académicos de la comunicación donde se analiza la protesta social en el marco de la libertad de expresión en America Latina.
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