Desde ayer volvieron a instalarse las carpas en los accesos a Montecarlo, Iguazú, Eldorado, Wanda y Puerto Rico en repudio al avance de la de la criminalización y judicialización de trabajadores.
El sábado se convocaron de urgencia en la Asociación de Maestros de Montecarlo ante la citación judicial que recibieron Rubén Ortiz, Juan Carlos Di Marco, Aníbal Zeretski, Alejandro Carballo y José Gómez. A las 19 de hoy volverán a convocarse en Montecarlo para evaluar los resultados de la mesa de dialogo y resolver medidas a seguir.
Tras conocerse las citaciones judiciales de referentes del norte, trabajadores de toda la zona resolvieron declararse en estado de alerta y movilización. Ayer domingo se instalaron nuevamente las carpas en los accesos a las localidades en las cuales se esperaran los resultados de la negociación de este lunes en el Ministerio de Derechos Humanos.
En la asamblea de Montecarlo se rechazo fuertemente el avance de " todo proceso de judicialización y criminalización de la protesta social".
Para el miércoles 11 y jueves 12 se convocan al Juzgado Federal de Eldorado en apoyo de los judicializados. De la asamblea de este sábado participaron docentes y trabajadores de los departamentos de Puerto Iguazú, Eldorado, Montecarlo y General San Martín.
Los docentes destacaron que las citaciones judiciales recibidas por los referentes del norte son prácticas propias de la dictadura cívico-militar. A pesar de esta situación resolvieron sostener la participación en la mesa del dialogo que se obtuvo el miércoles último tras una multitudinaria marcha provincial que culminó con un corte del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
Esta tarde, desde las 19, volverán a reunirse en la Asociación de Maestros para evaluar los resultados de la mesa de dialogo y resolver las medidas a seguir.
La extorsión
Los docentes calificaron de una extorsión el hostigamiento judicial sobre los referentes sociales. Criticaron con dureza el accionar el Juez Federal José Luis Casals, cuyo juzgado que subroga, movió los expedientes abiertos por cortes de rutas del 2009 protagonizados por tareferos.
Desde el Movimiento Social de Misiones remarcaron que “el juez, José Luis Casals, que demora la investigación por la estafa de empresas fantasmas contra el Estado y los tareferos, que no avanza en la investigación de los responsables de poner en riesgo la subsistencia de miles de familias que vieron sus asignaciones familiares incautadas, es el que prefiere avanzar con la criminalización de referentes sociales que decidieron solidarizarse con los reclamos y acompañar las modalidades de lucha que los tareferos resolvieron utilizar ante la inacción del gobierno provincial y de UATRE”,
Agregaron además que “cómo explican que sigan activándose este tipo de causas cuando ya los estados municipales, provinciales y nacional, como así también la propia justicia reconocieron que la estafa a los trabajadores existió, que las condiciones laborales esclavas que denunciaban existe y que la inacción de los organismos de control permitieron que estas situaciones pudieran mantenerse”
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