(15 de septiembre. Prensa M.S.M.) El Obispo Emérito Joaquín Piña repudió enérgicamente la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta social y reclamó el sobreseimiento definitivo de los más de cuarenta luchadores populares procesados en Misiones. Fue durante una conferencia de prensa ofrecida en la mañana del martes en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Capital provincial, de la que también participaron numerosos dirigentes sociales de la provincia, el diputado nacional por Proyecto Sur Jorge Cardelli, y referentes de la lucha por los Derechos Humanos, como Adolfina Escobar y Graciela Franzen.
"A esta altura yo casi soy un experto en dictaduras, porque ahora tengo 80 años, pero me tocó en mi juventud la dictadura en España, después fui a Paraguay y estuve 20 años bajo la dictadura de Stroessner, cuando llegué a Argentina caí bajo la dictadura de Videla, o sea, una detrás de otra", comenzó Piña.
"Realmente lo que me duele es que actualmente, en tiempos de democracia, porque por lo menos podemos hablar, podemos reunirnos y manifestarnos un poco, se apliquen métodos más propios de una dictadura que de una democracia".
El Obispo Emérito manifestó que en la provincia "la pobreza es grande, las violaciones a los Derechos Humanos son evidentes, pero a mi lo que me parece más grave es que, al igual que en tiempos de la dictadura, persistan la represión y la criminalización de la protesta, es lo más grave".
Asimismo, enfatizó que "cuando no funcionan los canales del diálogo, que deberían funcionar siempre, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer cuando no es escuchada? A nadie le gusta salir a cortar una ruta o algo por el estilo, pero cuando esos canales no funcionan, no queda más remedio que expresarse con alguna medida de fuerza".
Por último, Piña sostuvo que por estas causas "nos hemos reunido hoy, estuvimos con el señor Ministro de Derechos Humanos, nos ha recibido muy bien, y recibió un documento que se le dejó, en el que se expresa cuál es la situación en este momento, y nuestro apoyo a esta gente que ha sido judicializada, que creemos debería ser desprocesada ya mismo".
Intervencionismo del poder político
En tanto Cardelli repudió el grado de intervencionismo del poder político en la justicia tanto provincial como federal, “porque de lo contrario como se entiende lo que pasó con las causas de Ortiz, el mismo 26 de agosto anula un juez federal los testimonios de los tareferos en la causa penal y ese mismo día otro tribunal reflota una vieja causa impulsada por la UDPM, justo cuando la diputada Leverberg quiere apoderarse de la CTA, es mucha coincidencia”, destacó el legislador.
En la conferencia de prensa se apuntó al Modelo Productivo como la principal causa que origina los reclamos de los sectores más empobrecidos de la provincia. “Esta claro que acá no hay manipuladores, si nos corremos nosotros serán otros los que reclamen, el Modelo productivo que genera hambre, expulsión de trabajadores, concentración de las tierras, que atenta contra nuestras posibilidades de desarrollo es la que obliga a que la gente salir a reclamar y la falta de espacios institucionales que permitan encausar y encontrar soluciones a esas demandas, llámese paritarias, ministerios de trabajo, etc, es lo que arroja a la gente al corte de ruta, a la huelga de hambre o las demás medidas que se vienen realizando”, sostuvo Rubén Ortiz uno de los dirigentes judicializados.
“Este país esta pensado para unos 20 millones de habitantes, el resto tiene que arreglarse con migajas, sobreviviendo del clientelismo que fomenta el gobierno”, apuntó Víctor Rosenfeld del PCR y la Corriente Clasista y Combativa quien advirtió que cada vez la articulación de las organizaciones sociales, en contra de esta “política represiva del gobierno”, va a ser mayor, “si nos tocan a uno nos tocan a todos”.
De la conferencia de prensa participaron referentes del Movimiento Social de Misiones, la CTA Misiones, la CCC, el Partido Obrero, Compromiso con las Bases, el Sindicato de Tareferos, el MTD Aníbal Verón, entre otros.
EL PETITORIO
El recorrido de las organizaciones sociales comenzó en el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Allí el obispo Piña y Adolfina Villanueva de Escobar, madre del estudiante desaparecido en la dictadura, Félix Escobar, entregaron el petitorio al ministro Edmundo Soria Vieta quien destacó no haberse interesado en profundidad, con anterioridad sobre estos temas, pero se comprometió a involucrarse más abiertamente en los expedientes judiciales sobre la problemática se tramitan en la provincia y en la justicia federal. “Yo conozco el tema por los medios no participo de los expedientes”, aclaró el ministro. En los expedientes judiciales interviene directamente el Ministerio de Gobierno, a través su titular Jorge Franco quien en persona denuncia los cortes y a los referentes que deberán ser imputados.
El petitorio y las más de 1.500 firmas recolectadas por los vecinos de Montecarlo, se entregó además en el juzgado Federal, en la legislatura provincial, donde recibió el diputado provincial Mariano Díaz quien se comprometió a intentar interesar a los diputados provinciales en esta problemática.
Finalmente en el colegio de abogados fueron recibidos por su vicepresidente, el Dr. Martín Ayala, quien manifestó que una de “las principales preocupaciones y así lo hemos manifestado siempre es bregar por la independencia del poder judicial para evitar todo esto que ustedes denuncian”, sostuvo. Ayala se mostró interesado en articular junto a las organizaciones sociales espacios de formación ciudadana.
Comentarios
Publicar un comentario