Proponen que los vehículos oficiales lleven inscripto el nombre de la dependencia a la que pertenecen

El diputado Héctor “Cacho” Bárbaro presentó un proyecto de ley donde propone que todos los vehículos oficiales (autos, camionetas, etcétera) pertenecientes a los tres poderes del Estado provincial, organismos autárquicos, descentralizados y sociedades con mayoría de capital estatal que circulen por la vía pública lleven inscripto el nombre de la dependencia a la cual corresponden.

La iniciativa del legislador del Partido Agrario y Social (PAYS) contempla que la inscripción debería efectuarse “en ambos laterales con el correspondiente número correlativo de patrimonio, en tamaño de fácil lectura. Los números de patrimonio deberán ser exclusivos para los automotores: por poder, repartición u organismo según corresponda, no pudiendo existir en cada uno de ellos dos vehículos con la misma numeración. En caso de ser dado de baja uno o más vehículos, cualquiera fuere la razón o mecanismo empleado, los que se adquieran en su reemplazo deberán llevar el número de patrimonio de los que fueron dados de baja”.
Bárbaro, en su proyecto, exceptuó de la disposición a todos aquellos móviles utilizados por los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, solicitó la adhesión de todos los municipios de la provincia. “Todos los automotores propiedad del Estado son adquiridos con fondos públicos que provienen del esfuerzo de todos los contribuyentes y es nuestra obligación velar para que esos fondos sean utilizados correctamente. Pero al mismo tiempo tienen la responsabilidad de rendir cuentas sobre el dinero y los bienes adquiridos, como así también sobre el destino y uso correcto de los mismos”, explicó.
“A menudo la gente ve pasar automotores a altas velocidades y en horarios no habituales de trabajo, los que no llevan inscripción alguna, o estacionados en lugares prohibidos o ven como algún funcionario estaciona a diario en su garage distintos automotores que se saben no son de su propiedad, hechos que generan descontento y desconfianza. Además es fácil deducir el consumo extra de combustible que seguramente también es adquirido con fondos públicos. Otras veces son empleados por los funcionarios oficialistas en la realización de campañas políticas hechas a favor del gobierno de turno, al cabo de cuyo término o cumplimiento del mandato solo dejan resabios o restos de lo que una vez fuera un bien automotor de suma utilidad”, detalló el diputado del PAYS.
Por último, Bárbaro destacó que de sancionarse la ley, “todos los vehículos oficiales serían fácilmente identificables, lográndose de esa manera dar mayor seguridad a la población en general de que su dinero ha sido bien invertido y que no se hacen usos y abusos de dichos automotores que lo hemos pagado entre todos. Además habría un responsable directo que deberá dar cuenta acerca de la situación o estado de cada vehículo de su dependencia”.

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