En el marco del proceso que la justicia federal lleva adelante en la investigación por las escuchas telefónicas, y que en Misiones se materializó con las destituciones de los ex jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley presentado por su presidente Carlos Rovira. La iniciativa fue tratada sobre tablas y, luego de un intenso debate, fue aprobada en general por unanimidad.
La comisión analizará procedimientos e intervenciones telefónicas autorizadas por funcionarios y magistrados judiciales de la provincia de Misiones, y estará conformada por cuatro diputados del bloque mayoritario, y tres en representación de la minoría.
“En el Bicentenario de la Patria, el Parlamento Misionero asume un compromiso histórico con la verdad, la justicia y la custodia de los derechos constitucionales de los ciudadanos. En los últimos meses los misioneros fuimos víctimas de estar en la agenda de todos los medios del país por una causa federal de gravísimas connotaciones institucionales que involucró, nada más ni nada menos, que a dos jueces de instrucción penal de la provincia”, explicó Rovira.
Agregó que de “los hechos, de la información y de las pruebas surgidas de los expedientes, de la acusación llevada a cabo por el procurador de Misiones y de la sentencia del Jurado -todo de público conocimiento-, surgieron elementos, indicios e información suficiente para percibir que todo lo ocurrido es muy grave para las instituciones democráticas, tan grave que no puede pasar desapercibido para este Poder del Estado, al que le incumbe la representación del soberano, cuyos derechos celosamente consagrados por la Constitución pueden estar en severo riesgo”.
En los fundamentos de la iniciativa el diputado también consideró que la Legislatura es el ámbito “donde debe generarse el espacio político - institucional para investigar los delitos cometidos en procedimientos e intervenciones telefónicas autorizados por funcionarios y magistrados judiciales, y de los requerimientos efectuados por organismos de investigación criminal e inteligencia con implicancia en la provincia de Misiones”.
Rovira aseguró que “dicha tarea parlamentaria se impone, en primer lugar, porque todo lo ocurrido, incluyendo la destitución de los jueces no resulta el final, sino el principio, en virtud de haber quedado al descubierto un entramado siniestro entre algunos magistrados, funcionarios y responsables políticos, sin tener ninguna garantía que acá se agote el funcionamiento de un enquistado esquema”.
“Responsabilidad pública”
“La Cámara de Representantes asume una responsabilidad pública, en la inteligencia de que detrás de esto hay otros responsables, que junto con los jueces y otros funcionarios concretaron maniobras delictivas y violatorias de la Constitución”, sostuvo el titular del Parlamento.
Indicó además que el funcionamiento de esta comisión pondrá “el máximo esfuerzo institucional para conocer cuáles son las herramientas legislativas que faltan para erradicar definitivamente, del andamiaje jurídico, la posibilidad de que estos procedimientos ilegales se realicen impunemente”.
Finalmente, Rovira subrayó que la comisión especial “podrá requerir información sobre todas las intervenciones telefónicas y de otros medios de comunicación autorizadas en la provincia, para evaluar y llegar al fondo de este entramado, y asegurar así a cada ciudadano que sus derechos constitucionales están preservados y garantidos”, en tanto manifestó que “esta posibilidad legislativa será útil también para destacar la proba labor de cientos de jueces y funcionarios que día a día bogan por la administración de justicia, y que estos lamentables hechos ensombrecen esa ardua labor”.
Facultades
La comisión creada podrá realizar -entre otras tareas- el seguimiento de oficio de todos los procesos judiciales relacionados a captaciones comunicaciones privadas o de cualquier tipo; el desarrollo de acciones legislativas tendientes a proteger las garantías individuales de intimidad; y la recepción de denuncias formuladas por personas físicas y jurídicas sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos judiciales, policiales y de inteligencia en la investigación.
Asimismo tendrá la facultad de requerir informes verbales o escritos, hacer comparecer a los supuestos responsables judiciales, policiales o políticos involucrados, y requerir a todos los organismos de investigación informes con clasificación de seguridad que contengan el listado de las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado.
La comisión analizará procedimientos e intervenciones telefónicas autorizadas por funcionarios y magistrados judiciales de la provincia de Misiones, y estará conformada por cuatro diputados del bloque mayoritario, y tres en representación de la minoría.
“En el Bicentenario de la Patria, el Parlamento Misionero asume un compromiso histórico con la verdad, la justicia y la custodia de los derechos constitucionales de los ciudadanos. En los últimos meses los misioneros fuimos víctimas de estar en la agenda de todos los medios del país por una causa federal de gravísimas connotaciones institucionales que involucró, nada más ni nada menos, que a dos jueces de instrucción penal de la provincia”, explicó Rovira.
Agregó que de “los hechos, de la información y de las pruebas surgidas de los expedientes, de la acusación llevada a cabo por el procurador de Misiones y de la sentencia del Jurado -todo de público conocimiento-, surgieron elementos, indicios e información suficiente para percibir que todo lo ocurrido es muy grave para las instituciones democráticas, tan grave que no puede pasar desapercibido para este Poder del Estado, al que le incumbe la representación del soberano, cuyos derechos celosamente consagrados por la Constitución pueden estar en severo riesgo”.
En los fundamentos de la iniciativa el diputado también consideró que la Legislatura es el ámbito “donde debe generarse el espacio político - institucional para investigar los delitos cometidos en procedimientos e intervenciones telefónicas autorizados por funcionarios y magistrados judiciales, y de los requerimientos efectuados por organismos de investigación criminal e inteligencia con implicancia en la provincia de Misiones”.
Rovira aseguró que “dicha tarea parlamentaria se impone, en primer lugar, porque todo lo ocurrido, incluyendo la destitución de los jueces no resulta el final, sino el principio, en virtud de haber quedado al descubierto un entramado siniestro entre algunos magistrados, funcionarios y responsables políticos, sin tener ninguna garantía que acá se agote el funcionamiento de un enquistado esquema”.
“Responsabilidad pública”
“La Cámara de Representantes asume una responsabilidad pública, en la inteligencia de que detrás de esto hay otros responsables, que junto con los jueces y otros funcionarios concretaron maniobras delictivas y violatorias de la Constitución”, sostuvo el titular del Parlamento.
Indicó además que el funcionamiento de esta comisión pondrá “el máximo esfuerzo institucional para conocer cuáles son las herramientas legislativas que faltan para erradicar definitivamente, del andamiaje jurídico, la posibilidad de que estos procedimientos ilegales se realicen impunemente”.
Finalmente, Rovira subrayó que la comisión especial “podrá requerir información sobre todas las intervenciones telefónicas y de otros medios de comunicación autorizadas en la provincia, para evaluar y llegar al fondo de este entramado, y asegurar así a cada ciudadano que sus derechos constitucionales están preservados y garantidos”, en tanto manifestó que “esta posibilidad legislativa será útil también para destacar la proba labor de cientos de jueces y funcionarios que día a día bogan por la administración de justicia, y que estos lamentables hechos ensombrecen esa ardua labor”.
Facultades
La comisión creada podrá realizar -entre otras tareas- el seguimiento de oficio de todos los procesos judiciales relacionados a captaciones comunicaciones privadas o de cualquier tipo; el desarrollo de acciones legislativas tendientes a proteger las garantías individuales de intimidad; y la recepción de denuncias formuladas por personas físicas y jurídicas sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos judiciales, policiales y de inteligencia en la investigación.
Asimismo tendrá la facultad de requerir informes verbales o escritos, hacer comparecer a los supuestos responsables judiciales, policiales o políticos involucrados, y requerir a todos los organismos de investigación informes con clasificación de seguridad que contengan el listado de las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado.
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