Consideró que los magistrados no controlaban las escuchas que pedían ni analizaron las transcripciones de las intervenciones. Coincide con la acusación de negligencia que había hecho el Superior Tribunal de Justicia.
El supuesto desconocimiento de la propiedad de las líneas que ordenaban intervenir no sirvió como atenuante. Al filo de la medianoche, el Procurador General de la Provincia, Miguel Ángel Piñero entregó al Jurado de Enjuiciamiento la acusación contra los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes autorizaron intervenciones telefónicas al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, al empresario Carlos Ávila, una decena de hombres de negocios y abogados de Buenos Aires, en un escándalo de espionaje que golpea fuertemente al intendente porteño Mauricio Macri, quien tenía como contratado al espía Ciro James, el enlace con los policías misioneros que solicitaban las escuchas a los magistrados.
La acusación apunta al incumplimiento de los deberes del funcionario público de los dos magistrados y a groseras irregularidades en la autorización de las escuchas, que, según las pruebas presentadas por el denunciante Juan Dias -en base a la acusación formulada por el juez federal Norberto Oyarbide-, cometieron Gallardo y Rey.
Las audiencias se iniciarían en unos veinte días. Y para el 26 de abril deberá haber sentencia.
Según Piñero, las intervenciones carecían de control y no se pedían las transcripciones para determinar los pedidos de prórrogas de las escuchas. Es decir, se escuchaban teléfonos sin saber por qué ni para qué. Los teléfonos de Burstein y Ávila fueron intervenidos como supuestos cómplices en una causa de asesinato y de piratas del asfalto, mientras que en otros casos, ni siquiera había una sospecha firme, sino que James pasaba los números a los policías misioneros y éstos lograban las autorizaciones de los jueces para que la SIDE grabara las conversaciones. En ese sentido, la acusación irá en el mismo sentido que el informe realizado por el Superior Tribunal de Justicia sobre el accionar de los dos jueces -que ya habían sido suspendidos- que hizo hincapié en la “negligencia” de no controlar a quienes se escuchaba.
La decisión de iniciar el juicio político a Gallardo y Rey fue votada el viernes de la semana pasada por cinco de los siete miembros del jury: los ministros del Superior Tribunal Ruberto Uset y Cristina Leiva, los diputados José Garzón Maceda y Oscar Reczuk y el abogado Carlos Bobadilla. Votaron en contra el abogado Gustavo Staude y el ministro Humberto Schiavoni, padre del Schiavoni homónimo que conduce la macrista Corporación Sur. Justamente, fuentes judiciales señalaron que Schiavoni debería haberse inhibido de votar, ya que su hijo es funcionario de Mauricio Macri, quien aparece envuelto en el escándalo por tener como funcionarios a James y al ex comisario Jorge “Fino” Palacios, candidato a presidir la polémica policía Metropolitana, donde también aspiraba a ingresar el espía, quien revistaba directamente a Palacios. Ambos están detenidos, mientras que los policías misioneros y varios secretarios de ambos jueces, que eran contacto de James en Misiones, están procesados, embargados y con la prohibición de salir del país.
Si los jueces son destituidos, podrían ser indagados como parte de una asociación ilícita por el juez Oyarbide.
Fuente: MOL
El supuesto desconocimiento de la propiedad de las líneas que ordenaban intervenir no sirvió como atenuante. Al filo de la medianoche, el Procurador General de la Provincia, Miguel Ángel Piñero entregó al Jurado de Enjuiciamiento la acusación contra los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes autorizaron intervenciones telefónicas al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, al empresario Carlos Ávila, una decena de hombres de negocios y abogados de Buenos Aires, en un escándalo de espionaje que golpea fuertemente al intendente porteño Mauricio Macri, quien tenía como contratado al espía Ciro James, el enlace con los policías misioneros que solicitaban las escuchas a los magistrados.
La acusación apunta al incumplimiento de los deberes del funcionario público de los dos magistrados y a groseras irregularidades en la autorización de las escuchas, que, según las pruebas presentadas por el denunciante Juan Dias -en base a la acusación formulada por el juez federal Norberto Oyarbide-, cometieron Gallardo y Rey.
Las audiencias se iniciarían en unos veinte días. Y para el 26 de abril deberá haber sentencia.
Según Piñero, las intervenciones carecían de control y no se pedían las transcripciones para determinar los pedidos de prórrogas de las escuchas. Es decir, se escuchaban teléfonos sin saber por qué ni para qué. Los teléfonos de Burstein y Ávila fueron intervenidos como supuestos cómplices en una causa de asesinato y de piratas del asfalto, mientras que en otros casos, ni siquiera había una sospecha firme, sino que James pasaba los números a los policías misioneros y éstos lograban las autorizaciones de los jueces para que la SIDE grabara las conversaciones. En ese sentido, la acusación irá en el mismo sentido que el informe realizado por el Superior Tribunal de Justicia sobre el accionar de los dos jueces -que ya habían sido suspendidos- que hizo hincapié en la “negligencia” de no controlar a quienes se escuchaba.
La decisión de iniciar el juicio político a Gallardo y Rey fue votada el viernes de la semana pasada por cinco de los siete miembros del jury: los ministros del Superior Tribunal Ruberto Uset y Cristina Leiva, los diputados José Garzón Maceda y Oscar Reczuk y el abogado Carlos Bobadilla. Votaron en contra el abogado Gustavo Staude y el ministro Humberto Schiavoni, padre del Schiavoni homónimo que conduce la macrista Corporación Sur. Justamente, fuentes judiciales señalaron que Schiavoni debería haberse inhibido de votar, ya que su hijo es funcionario de Mauricio Macri, quien aparece envuelto en el escándalo por tener como funcionarios a James y al ex comisario Jorge “Fino” Palacios, candidato a presidir la polémica policía Metropolitana, donde también aspiraba a ingresar el espía, quien revistaba directamente a Palacios. Ambos están detenidos, mientras que los policías misioneros y varios secretarios de ambos jueces, que eran contacto de James en Misiones, están procesados, embargados y con la prohibición de salir del país.
Si los jueces son destituidos, podrían ser indagados como parte de una asociación ilícita por el juez Oyarbide.
Fuente: MOL
Comentarios
Publicar un comentario