Por IPLYC
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) alerta a la comunidad que a través de una acción judicial promovida, entre otros, por Iván Pajuelo, se pretende sobrecargar la planta de empleados del Instituto hasta el punto de hacerlo financieramente inviable y obligarlo a su quiebra o privatización, acción que en la década del ´90 ya intentó ejecutar el neoliberalismo excluyente.
El objetivo de esta demanda judicial es lograr que más de 1.200 vendedores de quinielas sean encuadrados en una categoría laboral de “corredores” por cuanto –sostienen- que prestan una actividad laboral por cuenta y orden del IPLyC SE. Se pretende un reconocimiento de la relación laboral de los vendedores de quiniela para con los titulares de Agencias y con el IPLyC SE. (“Expte. Nº 55/2006 PAJUELO, Iván Porfirio y Otros c/ María Ester Villar y Otros s/ laboral”).
Esta situación no se da en ningún régimen legal de juegos de azar del país. Es imposible para cualquier institución pública reguladora del juego afrontar ese descomunal costo laboral. De prosperar la acción sólo se logrará el cierre del Instituto, o en el mejor de los casos, la existencia de Agencias Oficiales sin vendedores ambulantes.
Es evidente que lo que mueve a Pajuelo y demás actores con esta acción, no es defender a los vendedores de quiniela, porque esta medida significará lisa y llanamente la desaparición de los vendedores, la quiebra o privatización del IPLyC SE, y la consiguiente proliferación del juego clandestino, el juego no regulado e ilegal, para beneficio de unos pocos. De esta manea quedarían sin su fuente de trabajo más de 350 empleados del Instituto y los 1.200 vendedores de quiniela, que hoy tienen cobertura social, entre otros beneficios.
Esa privatización fue el objetivo de los sectores políticos que gobernaron el país y la provincia en la década del `90, y que hoy son lo que están detrás de la acción de Pajuelo y los demás que siguen tirando la piedra y escondiendo la mano, convencidos de que un resultado electoral en el conurbano bonaerense los habilita a impedir la gobernabilidad en todo el país. Olvidan que, en Misiones, el categórico mandato del pueblo fue profundizar el rumbo que orienta al Gobierno de la Renovación. Muestran así el refinado sentido oportunista que los distingue, aunque se confunden de provincia.
El IPLyC SE ha defendido en lo jurídico, institucional y social la improcedencia del pedido en sede judicial, pero también es necesario informar al pueblo quiénes son los verdaderos protagonistas de esta maniobra, a los cuales -evidentemente- no les interesa que haya un eficiente instituto de ayuda social que brinde servicios y respuestas concretas a la sociedad.
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