El Gobierno de la Provincia de Misiones reiteró que no hubo incremento alguno de haberes ni adicionales para funcionarios políticos; y que las versiones respecto a un supuesto aumento de un adicional del 141 por ciento son totalmente falsas.
La versión se originó en una interpretación malintencionada de la publicación, en el Boletín Oficial y como parte del texto del Digesto Jurídico de la Provincia, de una ley sancionada en el año 1984, número 2214, que estableció ese adicional, y de otra de diciembre del año 1989, la 2732, que fijó en 141 por ciento la dedicación funcional para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo.
Los gobernadores Julio César Humada y Federico Ramón Puerta cobraron efectivamente ese adicional, al igual que sus sucesores; y el resto de los funcionarios desde 1984 a la fecha. Nadie cobró ni cobrará incremento alguno de sus haberes, sencillamente porque no existió aumento.
Dicho en términos más sencillos: ese adicional rige y se cobra efectivamente desde hace 26 años. No se creó ni se modificó ahora. La ley se publicó nuevamente en el Boletín Oficial como tantas otras leyes que datan desde la década del `50 hasta nuestros días, para que tengan validez en el marco del ordenamiento legislativo que se hizo a través del Digesto Legislativo. Esta ley fue re-publicada, al igual que otros cientos de leyes sobre educación, agro, medio ambiente o salud, para ratificar su vigencia. No tienen efecto alguno posterior.
El gobernador Maurice Closs, incluso, explicó en conferencia de prensa que el monto de ese adicional para el entonces gobernador Puerta era de 676,83 pesos en septiembre de 1994; y que en febrero de 2010, el actual mandatario cobró idéntica cifra por ese adicional. Desde hace más de 16 años ese importe no tuvo cambios. También el propio Gobernador explicó que el monto de sus ingresos es de 9.700 pesos mensuales.
Sectores interesados en generar malestar y crispación entre los trabajadores públicos misioneros, persisten en instalar una mentira como si fuera una verdad. El Gobierno de la Provincia ratifica que no hubo incremento en los haberes para los funcionarios políticos y pone a disposición de los misioneros los documentos oficiales y públicos que así lo certifican.
La versión se originó en una interpretación malintencionada de la publicación, en el Boletín Oficial y como parte del texto del Digesto Jurídico de la Provincia, de una ley sancionada en el año 1984, número 2214, que estableció ese adicional, y de otra de diciembre del año 1989, la 2732, que fijó en 141 por ciento la dedicación funcional para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo.
Los gobernadores Julio César Humada y Federico Ramón Puerta cobraron efectivamente ese adicional, al igual que sus sucesores; y el resto de los funcionarios desde 1984 a la fecha. Nadie cobró ni cobrará incremento alguno de sus haberes, sencillamente porque no existió aumento.
Dicho en términos más sencillos: ese adicional rige y se cobra efectivamente desde hace 26 años. No se creó ni se modificó ahora. La ley se publicó nuevamente en el Boletín Oficial como tantas otras leyes que datan desde la década del `50 hasta nuestros días, para que tengan validez en el marco del ordenamiento legislativo que se hizo a través del Digesto Legislativo. Esta ley fue re-publicada, al igual que otros cientos de leyes sobre educación, agro, medio ambiente o salud, para ratificar su vigencia. No tienen efecto alguno posterior.
El gobernador Maurice Closs, incluso, explicó en conferencia de prensa que el monto de ese adicional para el entonces gobernador Puerta era de 676,83 pesos en septiembre de 1994; y que en febrero de 2010, el actual mandatario cobró idéntica cifra por ese adicional. Desde hace más de 16 años ese importe no tuvo cambios. También el propio Gobernador explicó que el monto de sus ingresos es de 9.700 pesos mensuales.
Sectores interesados en generar malestar y crispación entre los trabajadores públicos misioneros, persisten en instalar una mentira como si fuera una verdad. El Gobierno de la Provincia ratifica que no hubo incremento en los haberes para los funcionarios políticos y pone a disposición de los misioneros los documentos oficiales y públicos que así lo certifican.
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