A través de un comunicado de prensa, el Servicio Penitenciario Provincial aclaró que el supuesto atraso en el pago de haberes a aspirantes es normal.
Ante la nota publicada por el matutino Primera Edición en la jornada de hoy - 06 de enero de 2010 - en su pág. 4, en la Sección Política y Economía, la cual da cuenta sobre la demora (cinco meses) del cobro de sueldos del personal recientemente incorporado al Servicio Penitenciario Provincial y otras supuestas irregularidades.
El Servicio Penitenciario Provincial comunica oficialmente que cada vez que se producen ingresos, todos los aspirantes –sin excepción- deben cumplir un período de instrucción, donde se les toman una serie de pruebas de carácter teórico práctico, además del psico-físico, y que deben ser aprobados para que los mismos pasen a formar parte de la institución; y paralelamente - mientras dura dicha instrucción- se inicia el expediente de nombramiento del personal ante las distintas autoridades (Contaduría, Servicio Administrativo, Subsecretaria de Gobierno, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, Sub-secretaría Legal y Técnica, entre otros), todos ellos dependientes del Ejecutivo Provincial, quienes son los encargados de rubricar el expediente, quedando en manos del Señor Gobernador de la Provincia, la firma del Decreto que finalmente determinará quienes ingresarán a la Institución, luego de analizar conveniente y pormenorizadamente el informe elevado –oportunamente- por las autoridades Penitenciarias.
Este proceso, normalmente suele durar entre cuatro y seis meses, periodo en que se conoce si cada uno de los aspirantes finalmente se encuentra apto para formar parte de la Fuerza. Por tanto resulta totalmente improcedente que se les abonen los salarios antes de la finalización de dicho proceso en virtud que alguno o varios de ellos pueden reprobar los exámenes de admisión a que se hace referencia más arriba.
Asimismo se hace saber – a la opinión pública - que en ningún momento existieron algún tipo de presiones y mucho menos de tensiones por parte de aquellos aspirantes que aprobaron el ingreso, habida cuenta que tanto ellos como sus familiares directos se encontraban perfectamente anoticiados que luego de la primera liquidación (sueldo), se les iba a abonar el correspondiente retroactivo con sus respectivos adicionales.
Ante la nota publicada por el matutino Primera Edición en la jornada de hoy - 06 de enero de 2010 - en su pág. 4, en la Sección Política y Economía, la cual da cuenta sobre la demora (cinco meses) del cobro de sueldos del personal recientemente incorporado al Servicio Penitenciario Provincial y otras supuestas irregularidades.
El Servicio Penitenciario Provincial comunica oficialmente que cada vez que se producen ingresos, todos los aspirantes –sin excepción- deben cumplir un período de instrucción, donde se les toman una serie de pruebas de carácter teórico práctico, además del psico-físico, y que deben ser aprobados para que los mismos pasen a formar parte de la institución; y paralelamente - mientras dura dicha instrucción- se inicia el expediente de nombramiento del personal ante las distintas autoridades (Contaduría, Servicio Administrativo, Subsecretaria de Gobierno, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, Sub-secretaría Legal y Técnica, entre otros), todos ellos dependientes del Ejecutivo Provincial, quienes son los encargados de rubricar el expediente, quedando en manos del Señor Gobernador de la Provincia, la firma del Decreto que finalmente determinará quienes ingresarán a la Institución, luego de analizar conveniente y pormenorizadamente el informe elevado –oportunamente- por las autoridades Penitenciarias.
Este proceso, normalmente suele durar entre cuatro y seis meses, periodo en que se conoce si cada uno de los aspirantes finalmente se encuentra apto para formar parte de la Fuerza. Por tanto resulta totalmente improcedente que se les abonen los salarios antes de la finalización de dicho proceso en virtud que alguno o varios de ellos pueden reprobar los exámenes de admisión a que se hace referencia más arriba.
Asimismo se hace saber – a la opinión pública - que en ningún momento existieron algún tipo de presiones y mucho menos de tensiones por parte de aquellos aspirantes que aprobaron el ingreso, habida cuenta que tanto ellos como sus familiares directos se encontraban perfectamente anoticiados que luego de la primera liquidación (sueldo), se les iba a abonar el correspondiente retroactivo con sus respectivos adicionales.
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