Santa Catalina: nueve alumnas podrán regresar a clases presenciales tras el conflicto por denuncias de violencia
El Instituto Santa Catalina de Posadas autorizó la reincorporación presencial de nueve estudiantes involucradas en el caso, con horarios diferenciados para evitar cruces. La decisión se tomó después de reuniones con las familias. Mientras tanto, la investigación judicial continúa y persisten reclamos de algunos tutores por las medidas adoptadas.
El conflicto por las denuncias de violencia, amenazas y hostigamiento entre estudiantes del Instituto Santa Catalina de Posadas sumó una nueva novedad este martes 17 de noviembre: las autoridades del establecimiento habilitaron el regreso a clases presenciales de nueve alumnas que habían sido alcanzadas por las medidas preventivas adoptadas tras el episodio.
La decisión se tomó luego de una serie de reuniones institucionales con los padres y tutores. Según explicó el apoderado legal del colegio, Raúl Dalmau, la reincorporación fue autorizada a pedido de las propias familias y mediante un procedimiento formal.
Las estudiantes podrán regresar al establecimiento bajo un esquema especial de ingreso y salida. El objetivo es evitar encuentros y situaciones de tensión con otras alumnas involucradas en el conflicto.
Horarios diferenciados y medidas de acompañamiento
De acuerdo con lo informado por el representante legal, las nueve alumnas pertenecen al mismo curso y turno. Por ese motivo, el colegio dispuso que ingresen diez minutos después del horario habitual y se retiren diez minutos antes.
La institución también solicitó a los tutores que acompañen a las estudiantes fuera del establecimiento, como parte de las medidas destinadas a preservar la convivencia.
Dalmau aclaró que durante el período de suspensión de la presencialidad las alumnas no habían perdido la continuidad pedagógica, ya que habían seguido vinculadas al proceso educativo mediante un cambio en la modalidad de aprendizaje.
En relación con las estudiantes que manifestaron temor por el regreso a las aulas, el apoderado señaló que el colegio ofreció alternativas. En particular, indicó que a una de las familias que expresó preocupación se le garantizó la posibilidad de continuar con el cursado virtual.
Un conflicto que generó reclamos de distintas familias
El caso tomó repercusión pública después de un episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre, en inmediaciones del establecimiento, cuando una mujer intervino para asistir a una estudiante que, según su relato, era perseguida por un grupo de compañeras.
La situación derivó en denuncias y en la aparición de otros testimonios sobre presuntos episodios de amenazas, hostigamiento y violencia entre estudiantes.
En los días siguientes, el colegio dispuso medidas preventivas que incluyeron la suspensión transitoria de la asistencia presencial de alumnas involucradas, mientras se garantizaba la continuidad de las actividades educativas a través de herramientas virtuales.
La decisión generó cuestionamientos de algunas familias. El abogado Adrián Gianini, representante de seis estudiantes, denunció ante el Ministerio de Educación presuntas irregularidades en el procedimiento institucional y reclamó la revisión de las medidas adoptadas.
Entre los planteos mencionados por el letrado figuran el supuesto apartamiento injustificado de las alumnas, cuestionamientos a reuniones realizadas con las estudiantes y la necesidad de garantizar el derecho a la educación y las garantías correspondientes.
Estos reclamos forman parte de la controversia institucional y no constituyen, por sí mismos, una resolución sobre las responsabilidades de las personas involucradas.
Intervienen la Justicia y organismos educativos
El caso también tiene intervención de organismos provinciales. El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), el Ministerio de Educación y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes participaron en reuniones y actuaciones para evaluar las medidas de protección y continuidad escolar.
Según explicó el apoderado del colegio, en el ámbito judicial interviene el Juzgado Correccional y de Menores N.º 1, a cargo de la jueza Marcela Leiva, por una causa vinculada con amenazas.
En paralelo, otro juzgado de instrucción investiga la presunta participación de una persona mayor de edad en los episodios ocurridos en la vía pública.
La institución sostuvo que su intervención busca garantizar la convivencia y el derecho a la educación, mientras que la determinación de responsabilidades penales corresponde exclusivamente a la Justicia.
La convivencia escolar, en el centro del debate
El conflicto del Santa Catalina abrió una discusión sobre cómo deben actuar las instituciones educativas frente a denuncias de violencia entre adolescentes, especialmente cuando las medidas de protección afectan la asistencia presencial y la continuidad de las clases.
El desafío consiste en resguardar a quienes denuncian haber sufrido agresiones, escuchar a todas las familias y garantizar los derechos de cada estudiante, sin anticipar culpabilidades.
Con el regreso presencial autorizado para nueve alumnas y un esquema especial de horarios, el colegio busca avanzar hacia una reorganización de la convivencia. Sin embargo, la investigación judicial y los reclamos administrativos todavía siguen abiertos.
La evolución del caso dependerá de las actuaciones de la Justicia y de las medidas que adopten las autoridades educativas para garantizar que todas las estudiantes puedan continuar sus estudios en un entorno seguro.
Antecedentes del caso:
Nuevas denuncias por violencia escolar en Posadas y pedido de intervención del SPEPM
La situación había tomado estado público luego de que se denunciara un episodio de persecución y hostigamiento contra alumnas de un colegio privado de Posadas.
Leer la primera publicación: un colegio privado de Posadas activó el protocolo por violencia escolar
**Otro caso de hostigamiento escolar en Posadas** En otra institución educativa de la ciudad, el BOP Nº 9 también inició una investigación por publicaciones intimidatorias en redes sociales dirigidas a estudiantes. Leé también: El BOP Nº 9 de Posadas investiga publicaciones intimidatorias contra estudiantes en redes sociales.

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