La medida del ANSES es arbitraria e ilegal y pone en riesgo la sobrevivencia de los tareferos y sus familias”
Así resume el amparo judicial la medida que tomó el organismo nacional contra los trabajadores rurales de Montecarlo. Los tareferos se presentarán hoy ante el juzgado federal de Eldorado pidiéndole al juez ordene a la ANSES el cese de los descuentos de las asignaciones familiares. Desde las 9 hay un corte de ruta que se extenderá hasta las 19 en el acceso a Montecarlo. Hoy se cumplen 11 días de la huelga de hambre de los trabajadores.
A más de 3 meses del reclamo por las asignaciones familiares retenidas “arbitraria e ilegalmente por la ANSES” los tareferos de Montecarlo se presentaran hoy ante el juzgado federal de Eldorado reclamándole al juez ordene el inmediato cese de los descuentos. “La medida cautelar que estamos solicitando tiene que ser dada porque está fundada en derechos que realmente están siendo lesionados, la primera acción que se pide es que se ordene a la ANSES que cese con estas medidas tomadas contra los trabajadores sin fundamento legal, las que consideramos arbitrarias e ilegales. Nosotros consideramos que la violación de los derechos de los tareferos y sus hijos es tan manifiesta que no puede un juez desechar el pedido y confiamos en que vamos a tener una buena recepción”, explicó la Dra. Roxana Rivas abogada patrocinante de los trabajadores.
El organismo nacional hasta ahora no ha informado, a pesar de un pedido formal realizado por los trabajadores el 1 de noviembre, en que resolución o acto administrativo sustenta la decisión de incautar la totalidad de las asignaciones familiares y ayudas escolares de los trabajadores de este sector por lo que se desconoce a ciencia cierta los motivos la medida que en la provincia afecta a más de 780 tareferos. “Las explicaciones que les da a los trabajadores son irrisorias e indignantes, la ANSES habla de deudas que tendrían los empleadores con el organismo por evasión fiscal o de aportes, de empresas fantasmas, y como no le puede cobrar a estos empresarios o empleadores se lo cobran a los trabajadores, ese es el planteo que la ANSES le hace a los trabajadores”, agregó Rivas. “Este es un problema entre el ANSES y el empleador y deben arreglarse entre ellos, no puede ser de ninguna forma el trabajador el que pague los costos de la falta de contralor o de la falta de cumplimento de las obligaciones del empleador, de lo contrario tendríamos al fisco o a la ANSES detrás de todos los trabajadores cada vez que el empleador no cumpla con alguna obligación, eso es una locura, en otro contexto con otro sector de los trabajadores esta situación es simplemente impensable”, recalcó la abogada.
La violación manifiesta de los derechos de los tareferos según se plantea en el amparo judicial pudo darse y sostenerse en el tiempo por el contexto de extrema vulnerabilidad de esta población que prácticamente naturalizó esta situación. “En otro contexto con otro sector de trabajadores esta situación es simplemente impensable, a los trabajadores camioneros no le podrían descontar jamás la cuenta de Crucero del Norte, por ejemplo, sería una locura pensarlo, por el contexto y la vulnerabilidad de estos tareferos pasó esto y el abuso se mantuvo en el tiempo porque lamentablemente se fue naturalizando”.
Rivas destacó además que el accionar del ANSES puso en riesgo la sobrevivencia de estas familias debido a que “es una población extremamente vulnerable, compuesta mayoritariamente por mujeres y niños, muchos de los trabajadores que van a accionar contra el ANSES son mujeres que accionan por ellas y sus hijos menores, que además tienen muchas dificultades de acceso a la información y a los servicios mínimos de un abogado, que contaban con las asignaciones familiares como parte importante para que sus ingresos se acerquen a un sueldo mínimo vital y móvil que pueda garantizar el derecho a la vida, a la alimentación y a la educación, acá hay violaciones de derechos por donde uno lo puede mirar”, añadió la abogada.
Este primer amparo judicial se presenta en nombre de unos 16 trabajadores pero se presume que serán entre 45 o 50 los tareferos que opten por esta vía para recuperar las asignaciones familiares. La abogada patrocinante explicó que la presentación judicial es en contra de la ANSES y no contra los empleadores a quienes deberá ser el organismo nacional quien formalmente reclame o sancione si considera que hay delito. “El control de la situación regular de las empresas o empleadores no es obligación de los trabajadores. Nosotros no sabemos, los trabajadores no saben, no tienen porque saber, verificar, averiguar, ni investigar si sus empleadores están en orden o no, ellos van trabajan se les descuenta los aportes y cobran sus haberes, esa es una obligación que tiene el fisco, la ANSES y en este caso la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo que contrata los servicios de estas contratistas”.
A más de 3 meses del reclamo por las asignaciones familiares retenidas “arbitraria e ilegalmente por la ANSES” los tareferos de Montecarlo se presentaran hoy ante el juzgado federal de Eldorado reclamándole al juez ordene el inmediato cese de los descuentos. “La medida cautelar que estamos solicitando tiene que ser dada porque está fundada en derechos que realmente están siendo lesionados, la primera acción que se pide es que se ordene a la ANSES que cese con estas medidas tomadas contra los trabajadores sin fundamento legal, las que consideramos arbitrarias e ilegales. Nosotros consideramos que la violación de los derechos de los tareferos y sus hijos es tan manifiesta que no puede un juez desechar el pedido y confiamos en que vamos a tener una buena recepción”, explicó la Dra. Roxana Rivas abogada patrocinante de los trabajadores.
El organismo nacional hasta ahora no ha informado, a pesar de un pedido formal realizado por los trabajadores el 1 de noviembre, en que resolución o acto administrativo sustenta la decisión de incautar la totalidad de las asignaciones familiares y ayudas escolares de los trabajadores de este sector por lo que se desconoce a ciencia cierta los motivos la medida que en la provincia afecta a más de 780 tareferos. “Las explicaciones que les da a los trabajadores son irrisorias e indignantes, la ANSES habla de deudas que tendrían los empleadores con el organismo por evasión fiscal o de aportes, de empresas fantasmas, y como no le puede cobrar a estos empresarios o empleadores se lo cobran a los trabajadores, ese es el planteo que la ANSES le hace a los trabajadores”, agregó Rivas. “Este es un problema entre el ANSES y el empleador y deben arreglarse entre ellos, no puede ser de ninguna forma el trabajador el que pague los costos de la falta de contralor o de la falta de cumplimento de las obligaciones del empleador, de lo contrario tendríamos al fisco o a la ANSES detrás de todos los trabajadores cada vez que el empleador no cumpla con alguna obligación, eso es una locura, en otro contexto con otro sector de los trabajadores esta situación es simplemente impensable”, recalcó la abogada.
La violación manifiesta de los derechos de los tareferos según se plantea en el amparo judicial pudo darse y sostenerse en el tiempo por el contexto de extrema vulnerabilidad de esta población que prácticamente naturalizó esta situación. “En otro contexto con otro sector de trabajadores esta situación es simplemente impensable, a los trabajadores camioneros no le podrían descontar jamás la cuenta de Crucero del Norte, por ejemplo, sería una locura pensarlo, por el contexto y la vulnerabilidad de estos tareferos pasó esto y el abuso se mantuvo en el tiempo porque lamentablemente se fue naturalizando”.
Rivas destacó además que el accionar del ANSES puso en riesgo la sobrevivencia de estas familias debido a que “es una población extremamente vulnerable, compuesta mayoritariamente por mujeres y niños, muchos de los trabajadores que van a accionar contra el ANSES son mujeres que accionan por ellas y sus hijos menores, que además tienen muchas dificultades de acceso a la información y a los servicios mínimos de un abogado, que contaban con las asignaciones familiares como parte importante para que sus ingresos se acerquen a un sueldo mínimo vital y móvil que pueda garantizar el derecho a la vida, a la alimentación y a la educación, acá hay violaciones de derechos por donde uno lo puede mirar”, añadió la abogada.
Este primer amparo judicial se presenta en nombre de unos 16 trabajadores pero se presume que serán entre 45 o 50 los tareferos que opten por esta vía para recuperar las asignaciones familiares. La abogada patrocinante explicó que la presentación judicial es en contra de la ANSES y no contra los empleadores a quienes deberá ser el organismo nacional quien formalmente reclame o sancione si considera que hay delito. “El control de la situación regular de las empresas o empleadores no es obligación de los trabajadores. Nosotros no sabemos, los trabajadores no saben, no tienen porque saber, verificar, averiguar, ni investigar si sus empleadores están en orden o no, ellos van trabajan se les descuenta los aportes y cobran sus haberes, esa es una obligación que tiene el fisco, la ANSES y en este caso la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo que contrata los servicios de estas contratistas”.
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