El viernes pasado, el juez federal Norberto Oyarbide resolvió congelar los fondos y bienes de American Data S.A. y de sus directivos, tras las investigaciones que vinculan a la empresa con las fuentes de financiamiento destinado a mantener en clandestinidad a represores prófugos de la Justicia , acusados de cometer delitos de lesa humanidad.
El presidente de la compañía, Jorge Ernesto Vildoza, fue agente del Servicio de Inteligencia Naval durante la última dictadura militar y es hijo del marino Jorge Raúl Vildoza, uno de los principales jefes de la ESMA entre 1976 y 1980, prófugo actual de la Justicia argentina. Su madre es Ana María Grimaldos, fugada por más de veinte años y detenida en julio pasado.
Vildoza padre y Grimaldos fueron los apropiadores de Javier Penino Viñas, quien finalmente recobró su identidad en 1998. Recuperada la democracia, el matrimonio logró mantenerse oculto bajo la ilegalidad, gracias a las estructuras económicas y políticas que lo respaldaban en torno a la empresa que su hijo biológico preside, American Data S.A.
Creada a fines de los 80, con domicilio en Vicente López, Buenos Aires, la compañía se dedica a los juegos de azar y las apuestas. Además de estar presidida por Vildoza hijo, tiene como vicepresidente a Rodolfo Fernando Giromini, ex piloto del Ejército en época de la dictadura, casado con la hija del marino prófugo.
La resolución de Oyarbide se basa en el pedido realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que, por primera vez, aplicó la ley antiterrorista, sancionada en diciembre del año pasado. Las pruebas recabadas en el marco de la investigación para dar con el paradero de los prófugos, llevaron al organismo a sospechar de la empresa American Data S.A. como fuente de financiamiento para la “perpetración delictiva terrorista”.
La jueza María Servini de Cubría había allanado las oficinas de American Data S.A. en julio pasado porque las intervenciones telefónicas detectaron que el número de celular de Grimaldos estaba a nombre de la compañía. “Cuando los operadores judiciales llegaron a la empresa, Jorge Vildoza hijo se comunicó por teléfono con el marino Alfredo Astiz, en lo que se interpretó como un aviso del allanamiento”, publicó el diario Página 12, medio que tuvo acceso a la resolución del juez.
Sobre American Data SA pesa también otra causa que investiga si su origen estuvo vinculado al robo de bienes de los detenidos desaparecidos de la ESMA. Una de las pruebas: el ex abogado de la empresa había declarado que Vildoza padre le dijo que “estos casinos los habían instalado con dinero que habían obtenido de la época de la represión”.
“En tanto responsable de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las investigaciones desarrolladas por la UIF buscan determinar el círculo de financiamiento con el que habrían contado las personas aún prófugas, así como también las capturadas, para evadir la justicia”, afirma la Unidad de Investigación Financiera en el documento citado por revista Veintitrés.
American Data S.A. en Misiones. La conexión local
En Misiones, la compañía obtuvo durante el gobierno de Ramón Puerta la concesión y explotación de los casinos en las localidades de Apóstoles y Puerto Rico.
Fue la época en la que la provincia era visitaba por el llamado “Ángel de la muerte”, el ex capitán de la Armada Argentina , sentenciado por delitos de lesa humanidad, Alfredo Astiz; época en la que el gobernador de entonces recibía al represor en su domicilio particular, continuando con la camaradería que, en los setenta, el sector enriquecido, del que formaba parte, mantenía para con la represión.
Durante el gobierno militar, el hijo del genocida Jorge Rafael Videla, siendo subteniente del Regimiento Monte 30 de la ciudad de Apóstoles, era huésped de honor de la sociedad civil apostoleña, invitado especial en eventos, fiestas y reuniones de los círculos enriquecidos de esa localidad.
Pasado el período nefasto de la dictadura, y tal como lo demuestran las investigaciones de la Justicia y de la Unidad de Información Financiera, la complicidad civil de ciertos sectores que cortejó al terrorismo de Estado, continuó desde las estructuras económicas y políticas que sostienen la vida en la clandestinidad de militares prófugos de la Justicia.
American Data S.A., acusada de financiar al terrorismo, consiguió establecer su ruta de utilidades pasando también por Misiones. Y lo hizo mediante vínculos políticos locales. Es así que el entonces mandatario provincial, Ramón Puerta, un día antes de entregar el gobierno a Carlos Rovira, el 9 de diciembre de 1999, ordenó al IPLYC que otorgue una prórroga a la empresa para que continuaran sus negocios en la provincia.
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