El diputado Héctor “Cacho” Bárbaro presentó esta semana un pedido de informes destinado al Poder Ejecutivo provincial, en relación a los fraudes cometidos en el otorgamiento de créditos del programa Pro-Alimentos, admitido por el propio gobernador Closs y otros funcionarios de gobierno, que alcanzaría los 3.000.000 de pesos.
En la iniciativa elevada la semana pasada, el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS), indagó acerca de la nómina de cooperativas, asociaciones y/o fundaciones que participaron o en cuyo nombre se cometieron las maniobras fraudulentas; si se ha investigado a los responsables del fraude detectado, medidas adoptadas al respecto; si se ha corroborado que funcionarios del Ministerio se han beneficiado con tales ilícitos; en caso afirmativo, si se han instruido los sumarios correspondientes; la nómina de los beneficiados por el desvío fraudulento de fondos; monto total de las sumas de dinero desviadas; y si el Ministerio del Agro y la Producción ha realizado la correspondiente denuncia ante la Justicia.
En los fundamentos, Bárbaro señaló que los millones “habrían ingresado al patrimonio de funcionarios del propio Ministerio, constituyendo una verdadera estafa a la buena fe de las personas que debieron haber sido beneficiadas por estos planes y a las instituciones que involuntariamente y sin complicidad alguna se vieron involucradas por estas maniobras reñidas con la ley, y por lo tanto merecedoras de las condenas que nuestra legislación establece para tales ilícitos. El hecho es de suma gravedad en razón de que fue cometido por quienes tenían a su cargo la coordinación e implementación del Plan y que además debían realizar el estricto control del mismo en todas sus etapas”.
En esa línea, el diputado del PAyS aspiró a que la investigación para esclarecer el bochorno -que no sólo afecta a particulares sino que además mancha a toda la institucionalidad de la Provincia- no recorra el mismo camino como el de las denuncias efectuadas en relación al Proyecto Cuenca Orgánica Cañera de San Javier con severas acusaciones que involucran a funcionarios del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), o las reiteradas denuncias que involucran a directivos de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), donde a pesar del procesamiento de los presuntos responsables, estos siguen ocupando impunemente sus cargos, agravando los hechos ya cometidos o bien cometiendo nuevos hechos delictivos”.
En la iniciativa elevada la semana pasada, el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS), indagó acerca de la nómina de cooperativas, asociaciones y/o fundaciones que participaron o en cuyo nombre se cometieron las maniobras fraudulentas; si se ha investigado a los responsables del fraude detectado, medidas adoptadas al respecto; si se ha corroborado que funcionarios del Ministerio se han beneficiado con tales ilícitos; en caso afirmativo, si se han instruido los sumarios correspondientes; la nómina de los beneficiados por el desvío fraudulento de fondos; monto total de las sumas de dinero desviadas; y si el Ministerio del Agro y la Producción ha realizado la correspondiente denuncia ante la Justicia.
En los fundamentos, Bárbaro señaló que los millones “habrían ingresado al patrimonio de funcionarios del propio Ministerio, constituyendo una verdadera estafa a la buena fe de las personas que debieron haber sido beneficiadas por estos planes y a las instituciones que involuntariamente y sin complicidad alguna se vieron involucradas por estas maniobras reñidas con la ley, y por lo tanto merecedoras de las condenas que nuestra legislación establece para tales ilícitos. El hecho es de suma gravedad en razón de que fue cometido por quienes tenían a su cargo la coordinación e implementación del Plan y que además debían realizar el estricto control del mismo en todas sus etapas”.
En esa línea, el diputado del PAyS aspiró a que la investigación para esclarecer el bochorno -que no sólo afecta a particulares sino que además mancha a toda la institucionalidad de la Provincia- no recorra el mismo camino como el de las denuncias efectuadas en relación al Proyecto Cuenca Orgánica Cañera de San Javier con severas acusaciones que involucran a funcionarios del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), o las reiteradas denuncias que involucran a directivos de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), donde a pesar del procesamiento de los presuntos responsables, estos siguen ocupando impunemente sus cargos, agravando los hechos ya cometidos o bien cometiendo nuevos hechos delictivos”.
Comentarios
Publicar un comentario