• Fue un abogado nacido en Misiones quien contactó a sus pares de Capital y estos a los norteamericanos • Esta semana llegaron médicos de EEUU a evaluar a los niños •
Cada día son más las familias de esta localidad con chicos discapacitados que ya recibieron la visita del abogado Raúl Godoy, quien desde hace varios meses y con ayuda de otros colegas de Buenos Aires, logró contactarse con un estudio jurídico de Estados Unidos para iniciar un juicio a las empresas fabricantes de los agroquímicos que se utilizan en las plantaciones de la zona. Esta semana, los abogados del estudio jurídico norteamericano llegaron a la provincia junto a un equipo de médicos especialistas cuyo propósito es verificar si las malformaciones y discapacidades detectadas en la población son consecuencia del uso de estos agrotóxicos. Casi sin excepción, las familias comenzaron a aceptar la idea de firmar el poder a los abogados extranjeros porque, como argumentan las personas consultadas por PRIMERA EDICIÓN, “no tenemos nada por perder, si le damos el poder y ganan el juicio nos mandarán un cheque para que cobremos. Si pierden el juicio, dicen que el mismo estudio jurídico se hará cargo de los gastos”.
“Dijeron que no me va a costar nada”Cándida Rodríguez es mamá de Fabián Pires, un pequeño de cuatro años que padece de hidrocefalia, retraso mental y no puede mover su cuerpo. Según contó, “tengo otros tres hijos, pero Fabián es el único discapacitado. Cuando estuve embarazada plantábamos tabaco con mi marido, ahora él trabaja en un aserradero en la localidad de Fracrán. Yo me tengo que arreglar con mi hijo, cobra la pensión pero no alcanza para los tratamientos y viajes que tengo que hacer con él. Para viajar a Posadas tengo que pagar pasaje y la Municipalidad no me ayuda”. Cándida y sus cuatro hijos viven en una casa alquilada, “nos compramos con mi marido un terrenito y queremos construir una casa. Pedí ayuda a la Municipalidad para que nos den tablas y chapas de cartón pero no conseguí nada”. Según contó Cándida, los abogados ya fueron a visitarla, “no estoy segura de lo que están haciendo, pero como madre y persona con poco conocimiento tengo miedo que usen a mi hijo. Me dijeron que no me va a costar nada y si sale bien la demanda me van a mandar un cheque a mi nombre que solo yo voy a poder cobrar y eso va a ser para ayudar a mi hijo”.
“No tengo nada que perder”También la mamá de Micaela Ferreira, una niña de 13 años con retraso mental, Celia Sosa fue convocada para llevar a su hija a la revisión con los médicos norteamericanos. “Me dijeron que si determinan que es por el uso de agrotóxicos y les firmo un poder a los abogados de los Estados Unidos, ellos harán juicio a las empresas responsables. Desconfío, pero no tengo nada que perder y sí mucho para ganar por que puedo recibir dinero para mi hija”.Según precisó Celia, tiene otros tres hijos y Micaela es la mayor y la única discapacitada. Al igual que Cándida, era plantadora de tabaco cuando estaba embarazada, “no tenía otra alternativa porque no había otro ingreso de dinero”.
Aseguran tener sólo buenas intencionesSegún contó a PRIMERA EDICIÓN el abogado Raúl Godoy, “soy de Misiones, me crié en esta zona de la provincia y viví mucho tiempo en Buenos Aires. Hace unos años atrás, vine a Misiones a pasear y vi muchos chicos discapacitados y comencé a indagar el porqué de las malformaciones y las enfermedades de esas personas. Muchos de los profesionales que consulté me dijeron que, si esos chicos son de la zona rural donde usaban agroquímicos en los cultivos podían provenir de ellos. Por eso, me contacté con el médico Gómez de Maio y el me confirmó las sospechas de los profesionales de Buenos Aires. Entonces me propuse hacer algo para que esas familias reciban una ayuda para mantener a sus chicos discapacitados y recompensarlos por el mal que provocaron esos pesticidas”.Dada la experiencia de sus pares norteamericanos en este tipo de demandas contra grandes empresas y la certeza de que en Argentina un juicio de estas características llevaría entre 10 a 15 años, Godoy se contactó con el abogado Alejandro Capilla y el socio de este, Esteban Mustapich, y éstos a su vez con este estudio jurídico norteamericano -Bifferato Llc- que tiene experiencia con juicios a las empresas que fabrican estos pesticidas.“Nuestra intención es brindar un servicio a los familiares de los chicos discapacitados para que hagan el juicio a las empresas que fabrican los agroquímicos que son prohibidos y provocan esas enfermedades”, aseguró Godoy.
Relevamiento general Según este abogado oriundo de Misiones, “en la zona de la Ruta Nacional 14 tengo detectadas 1.200 personas con labio leporino, hidrocefalia, y otras discapacidades que serían consecuencia de los venenos que se usan en las reforestaciones”. Según precisó Godoy, “en San Vicente registré a 118 niños con diversas discapacidades, y en Misiones ya anotamos más de tres mil”. Por su parte, el abogado Alejandro Capilla, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, quien ofició de nexo con el estudio jurídico de EEUU, indicó que “en Argentina no hay forma de hacer una demanda a estas empresas porque sus casas centrales están en los Estados Unidos”. Aseguró que “sólo prestamos un servicio a esta gente, ellos no arriesgan nada, sino nosotros que ponemos nuestro patrimonio y capital”.
Cada día son más las familias de esta localidad con chicos discapacitados que ya recibieron la visita del abogado Raúl Godoy, quien desde hace varios meses y con ayuda de otros colegas de Buenos Aires, logró contactarse con un estudio jurídico de Estados Unidos para iniciar un juicio a las empresas fabricantes de los agroquímicos que se utilizan en las plantaciones de la zona. Esta semana, los abogados del estudio jurídico norteamericano llegaron a la provincia junto a un equipo de médicos especialistas cuyo propósito es verificar si las malformaciones y discapacidades detectadas en la población son consecuencia del uso de estos agrotóxicos. Casi sin excepción, las familias comenzaron a aceptar la idea de firmar el poder a los abogados extranjeros porque, como argumentan las personas consultadas por PRIMERA EDICIÓN, “no tenemos nada por perder, si le damos el poder y ganan el juicio nos mandarán un cheque para que cobremos. Si pierden el juicio, dicen que el mismo estudio jurídico se hará cargo de los gastos”.
“Dijeron que no me va a costar nada”Cándida Rodríguez es mamá de Fabián Pires, un pequeño de cuatro años que padece de hidrocefalia, retraso mental y no puede mover su cuerpo. Según contó, “tengo otros tres hijos, pero Fabián es el único discapacitado. Cuando estuve embarazada plantábamos tabaco con mi marido, ahora él trabaja en un aserradero en la localidad de Fracrán. Yo me tengo que arreglar con mi hijo, cobra la pensión pero no alcanza para los tratamientos y viajes que tengo que hacer con él. Para viajar a Posadas tengo que pagar pasaje y la Municipalidad no me ayuda”. Cándida y sus cuatro hijos viven en una casa alquilada, “nos compramos con mi marido un terrenito y queremos construir una casa. Pedí ayuda a la Municipalidad para que nos den tablas y chapas de cartón pero no conseguí nada”. Según contó Cándida, los abogados ya fueron a visitarla, “no estoy segura de lo que están haciendo, pero como madre y persona con poco conocimiento tengo miedo que usen a mi hijo. Me dijeron que no me va a costar nada y si sale bien la demanda me van a mandar un cheque a mi nombre que solo yo voy a poder cobrar y eso va a ser para ayudar a mi hijo”.
“No tengo nada que perder”También la mamá de Micaela Ferreira, una niña de 13 años con retraso mental, Celia Sosa fue convocada para llevar a su hija a la revisión con los médicos norteamericanos. “Me dijeron que si determinan que es por el uso de agrotóxicos y les firmo un poder a los abogados de los Estados Unidos, ellos harán juicio a las empresas responsables. Desconfío, pero no tengo nada que perder y sí mucho para ganar por que puedo recibir dinero para mi hija”.Según precisó Celia, tiene otros tres hijos y Micaela es la mayor y la única discapacitada. Al igual que Cándida, era plantadora de tabaco cuando estaba embarazada, “no tenía otra alternativa porque no había otro ingreso de dinero”.
Aseguran tener sólo buenas intencionesSegún contó a PRIMERA EDICIÓN el abogado Raúl Godoy, “soy de Misiones, me crié en esta zona de la provincia y viví mucho tiempo en Buenos Aires. Hace unos años atrás, vine a Misiones a pasear y vi muchos chicos discapacitados y comencé a indagar el porqué de las malformaciones y las enfermedades de esas personas. Muchos de los profesionales que consulté me dijeron que, si esos chicos son de la zona rural donde usaban agroquímicos en los cultivos podían provenir de ellos. Por eso, me contacté con el médico Gómez de Maio y el me confirmó las sospechas de los profesionales de Buenos Aires. Entonces me propuse hacer algo para que esas familias reciban una ayuda para mantener a sus chicos discapacitados y recompensarlos por el mal que provocaron esos pesticidas”.Dada la experiencia de sus pares norteamericanos en este tipo de demandas contra grandes empresas y la certeza de que en Argentina un juicio de estas características llevaría entre 10 a 15 años, Godoy se contactó con el abogado Alejandro Capilla y el socio de este, Esteban Mustapich, y éstos a su vez con este estudio jurídico norteamericano -Bifferato Llc- que tiene experiencia con juicios a las empresas que fabrican estos pesticidas.“Nuestra intención es brindar un servicio a los familiares de los chicos discapacitados para que hagan el juicio a las empresas que fabrican los agroquímicos que son prohibidos y provocan esas enfermedades”, aseguró Godoy.
Relevamiento general Según este abogado oriundo de Misiones, “en la zona de la Ruta Nacional 14 tengo detectadas 1.200 personas con labio leporino, hidrocefalia, y otras discapacidades que serían consecuencia de los venenos que se usan en las reforestaciones”. Según precisó Godoy, “en San Vicente registré a 118 niños con diversas discapacidades, y en Misiones ya anotamos más de tres mil”. Por su parte, el abogado Alejandro Capilla, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, quien ofició de nexo con el estudio jurídico de EEUU, indicó que “en Argentina no hay forma de hacer una demanda a estas empresas porque sus casas centrales están en los Estados Unidos”. Aseguró que “sólo prestamos un servicio a esta gente, ellos no arriesgan nada, sino nosotros que ponemos nuestro patrimonio y capital”.
Fuente: Primera Edición
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