Ramón Puerta, amigo y aliado político de Mauricio Macri, tuvo como asesor de su gobierno en Misiones a uno de los jueces que autorizaron las escuchas ilegales que realizó el espía Ciro James. José Luis Rey, destituido y procesado por su vínculo con la trama del espionaje porteño, revistó como funcionario en la Dirección de Personas Jurídicas misionera, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, eje de la gestión de Puerta. El ex gobernador siempre había negado cualquier vínculo con los magistrados implicados en el escándalo –el otro es Horacio Gallardo–, pero de acuerdo con los documentos a los que accedió Página/12 ambos jueces conservaron cierta cercanía con Puerta. “No fue miembro de mi gabinete. Lo que hacía el Ministerio de Gobierno yo no lo sé”, se defendió el ex gobernador, que acusó al kirchnerismo de querer “engancharlo” en la maniobra por su amistad con Macri. El interrogante que la Justicia intenta ahora develar es por qué fue Misiones el lugar donde se estableció el paraguas legal que permitió llevar a cabo las pinchaduras telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires.
El decreto 137 del 3 de febrero de 1997, al que este diario tuvo acceso, prueba que el gobernador Puerta designó al frente de la Dirección de Personas Jurídicas a José Luis Rey, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. El decreto lleva la firma de Federico Ramón Puerta y el de su entonces mano derecha, Nelson Cáceres, y nombra a Rey dentro de la planta permanente en el cargo de subdirector. Además ordena que se notifique de ello a todos los órganos administrativos de control de personal y de gobierno. El número de documento que consta en el decreto no permite dudar de la identidad de quien luego sería elegido para ocupar el Juzgado de Instrucción Nº 2, con asiento en Posadas.
El nombramiento se complementa con la resolución 347, también firmada por Cáceres, en la que Rey es autorizado a viajar “en representación del Ministerio de Gobierno ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Corrientes”. El uso de un auto oficial y la liquidación de viáticos también están especificados. Ambos documentos también están en poder de la comisión investigadora conformada por la Legislatura misionera, que investiga el accionar de los jueces involucrados en las escuchas y sus vínculos políticos en esa jurisdicción.
En una entrevista televisiva ofrecida en mayo pasado, Puerta negó conocer a Rey y aseguró que éste no tuvo relación alguna con su gobierno sino que fue nombrado por su sucesor, Carlos Rovira. “Rey fue nombrado por Rovira. Es un funcionario que ganó en 2002 (un concurso para llegar a ser juez), tres años después de que yo dejé el poder, por el Consejo de la Magistratura”, dijo en esa oportunidad. “Rey no fue funcionario mío”, insistió Puerta, frente a frente con Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas de la AMIA, cuya denuncia porque su teléfono fue pinchado por Ciro James desató el escándalo. “No se equivoquen porque hubo un Rey que fue ministro de Ecología en mi gobierno. Es ingeniero agrónomo y fue presidente de Parques Nacionales, nada que ver con el doctor Rey, que es abogado”, sostuvo Puerta. En rigor, el nombre de ese ex ministro es Carlos Alberto Rey.
Consultado por Página/12, Puerta insistió en que a José Luis Rey no lo conoció “en persona” y que “no fue parte del gabinete”. Pero dijo no recordar si fue nombrado para ocupar “una segunda línea”. “No puedo acordarme de lo que pasó hace tantos años. Firmaba designaciones desde porteros hasta enfermeras. Habrá que preguntarle a Cáceres. Lo que hacía el Ministerio de Gobierno yo no lo sé”, se despegó el ex gobernador. De paso arremetió contra el kirchnerismo local: “Yo soy una víctima de esta gente que gobierna Misiones. Rovira me persigue. ¿Por qué no le preguntan a (Maurice) Closs, que era el que manejaba la policía que hacía las pinchaduras? Este gobierno es capaz de mandarme matar”, dijo. “No dudo que esto es una operación porque soy el único que puede ganarles las elecciones”, acusó, al tiempo que sugirió que el kirchnerismo pretende “engancharlo” con la causa, en sintonía con el argumento de Macri.
Cabe destacar que, por las manos de José Luis Rey, en el área de Personas Jurídicas se tramitaba la legitimación y fiscalización de las sociedades comerciales y de las uniones transitorias de empresas (UTE). Estas últimas, en su mayoría, se encargaban de la obra pública en la provincia. Se le endilga a Puerta haber otorgado a UTEs vinculadas con el Grupo Macri el manejo de la represa hidroeléctrica Urugua-í, y la construcción de la costanera de la ciudad de Posadas, ambas muy discutidas. En su descargo, Puerta dijo desconocer a qué se dedicaba la dependencia donde trabajó Rey.
Por otra parte, en la causa que lleva el juzgado de Norberto Oyarbide surge, del cruce de llamados telefónicos, que Rey se comunicó en varias oportunidades con James. Sus abogados defensores argumentaron que estos llamados se hicieron en el marco de un operativo para lograr la detención, en Buenos Aires, de una prófuga por un crimen cometido en Misiones. James habría colaborado en ese procedimiento, pero las llamadas entre el juez y el espía se dieron además en días previos y posteriores a este episodio. “Yo confío en Mauricio y sé de qué es capaz y de qué no”, aventuró Puerta, al reiterar que las sospechas del motivo por el que la maniobra se llevó a cabo en Misiones “tienen más que ver con el kirchnerismo que conmigo”.
En familia
El otro magistrado destituido por ordenar las escuchas, Horacio Enrique Gallardo, fue designado como juez de Instrucción Penal Nº 1 a través del decreto 1336/91, del 4 de diciembre de 1991, firmado por el entonces gobernador Julio César Humada, tan sólo seis días antes de que Puerta asumiera la gobernación. Por ese entonces, sin Consejo de la Magistratura, los nombramientos de los jueces dependían del poder político. El ingeniero era, además de sucesor, el delfín político de Humada, por lo que su conformidad con la designación a tan pocos días de asumir el poder estaba implícita. Sin ir más lejos, cuando el último día de su propio mandato le impuso a Rovira al recientemente fallecido juez Julio “Beto” Ifrán, fue el comienzo de la fractura de su sociedad política.
Gallardo fue sometido a un jury de enjuiciamiento en el que resultó absuelto en 2004. En ese juicio político fue acusado de “prevaricato e ineptitud psicofísica”, pero la intención de removerlo fue descartada a partir de las pruebas médicas. En ese entonces, Humberto Schiavoni (padre), juez del Tribunal Superior de Justicia, impulsado por Puerta, se pronunció por la absolución. Lo mismo haría en los procesos de destitución a Gallardo y Rey por haber ordenado las escuchas. Su hijo homónimo fue ministro de Economía de Puerta, entre otros cargos, y luego pasó a ser jefe de campaña de Macri. Hoy ocupa la presidencia de la Corporación Sur en esta Capital.
En 2004, como abogado defensor del juez intervino Armando Barrionuevo, de un estudio al que se vincula con Puerta. Uno de los médicos que aportaron su testimonio para evitar la destitución fue Alfonso Arrechea, ex cuñado de Puerta, pero con quien él asegura estar enemistado. El diputado provincial por el Frente Renovador, Alberto Alvarez, denunció que “Gallardo fallaba en contra de Rovira porque respondía a Puerta, haciendo lugar a todas las cautelares y apelaciones... Siempre actuó con él”, sostuvo. El ex mandatario afirmó que no mantuvo relación con los jueces de su provincia porque “nunca tuve problemas judiciales”. “Yo no me meto con la Justicia. Que los conozca no significa que tenga relación”, argumentó.
Según fuentes allegadas a la causa, la intentona de la corporación judicial misionera para que la causa de las pinchaduras fuera investigada en la provincia buscó evitar que trascendieran los nexos con el poder político. Para Oyarbide, ambos magistrados tuvieron un rol clave para darles “marco legal” a las escuchas. Sus firmas autorizaron a la SIDE a grabar las conversaciones que en teoría eran solicitadas por la policía local. Pero en el homicidio del contador José María Piccoli –el caso en el que fueron involucrados Burstein y Avila–, la intervención del Ministerio Público quedó en la Fiscalía Nº 1 a cargo de Amalia Benedicta Spinnato, prima hermana de Puerta, designada también durante su gobernación. Spinnato “debió cuanto menos haber observado que Rey, ante licencia por enfermedad de Gallardo, solicitó la prórroga de las escuchas”, aseguraron las fuentes. Nunca subsanó la irregularidad. “Estoy seguro de que mi prima habrá hecho lo que tenía que hacer porque, si no, la hubieran echado”, justificó Puerta para explicar una trama que incluye lealtades, poder y negocios en la provincia de la tierra colorada.
Informe: Gabriel Morini. Para Página 12
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