El titular del Partido Justicialista, junto a la Defensora del Pueblo, concejales y convencionales, pidió al Gobernador Closs que haga números sobre cuánto gana un empleado público, y cómo impactará un incremento de boleto en su economía. “Tenemos los servicios más caros y los sueldos más bajos del país”.
La dirigencia del Partido Justicialista rechazó enfáticamente la posibilidad del incremento del boleto del transporte urbano de pasajeros, y anunció el inicio de una campaña por la ciudad que consistirá en crear conciencia entre los usuarios del transporte, hablando con los vecinos y entregando folletos explicativos donde se observa claramente cúanto gana la empresa, por lo que no hay razón que justifique un aumento.
En rueda de prensa encabezada por el presidente del PJ, senador Luis Viana, acompañado por el concejal Raúl Fortte, la Defensora del Pueblo, Graciela Escalante, y los convencionales Rossana Barrios y Raúl Dalmau, entre otros dirigentes, explicaron que el PJ se unirá en una campaña de concientización en Posadas, al resto de las organizaciones sociales, los gremios, y otros partidos políticos que ya se están movilizando en contra el aumento del boleto. "Le pido al Gobernador Closs que haga números sobre lo que gana un trabajador de la Administración Pública, un empleado de comercio, o cualquier ciudadano posadeño, y el impacto directo que significará en su economía un aumento del boleto. Además, defendemos la política de subsidios del Gobierno nacional, porque jusatemente ese subsidio no justifica el incremento por parte de la empresa”, explicó el senador Viana con números en la mano.
"En primer lugar rechazamos el aumento porque son los Concejos Deliberantes de Posadas, Garupá y Candelaria quiénes deben aprobar cualquier modificación del transporte urbano de pasajeros, eso hace a la autonomía municipal que se perdió, cuando por un decreto del Gobernador, el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros quedó en manos de tres intendentes y del Gobernador de la provincia. Por lo tanto hago un llamado al Gobernador de la provincia, que tome conciencia de cuál es la situación económica de los usuarios, ya que por un lado otorga un 10% de aumento al salario de los empleados públicos, y por el otro apunta a prácticamente un 100% al aumento del boleto. Fíjense la disparidad que hay en el incremento de la tarifa y el salario de un trabajador del Estado, ni hablar de los empleados de comercio, de los estudiantes, de los jubilados y del resto de los ciudadanos que ocupan ese servicio diariamente”, enfatizó.
En contra del monopolio
Viana criticó y rechazó el monopolio que tiene Posadas del transporte. “Los posadeños deben saber que ese monopolio permite que al tener una sola empresa todo el servicio bajo sus manos, brinde el servicio que quiere sin importar la calidad del mismo. Hoy el usuario paga 1,40 pesos pero en realidad la suma da 2,85 pesos por cada boleto de pasajeros, porque existe un subsidio nacional, otro provincial y municipal, y si a eso le sumamos el subsidio del combustible, estamos hablando de prácticamente de 3 pesos por boleto urbano de pasajeros. Y si el aumento fuera de 2,35 pesos como pide la empresa, estamos hablando de incrementar un 70% la tarifa de transporte urbano. Escuché que algunos empresarios justificaban que Eldorado y Oberá aumentaron el boleto a 2 pesos; pero lo que no dicen es que Posadas es la única ciudad de la provincia que recibe subsidios del Estado nacional, provincial y municipal”.
Todos menos la renovación
De su lado, el concejal Raúl Fortte, señaló que tanto él como el edil Ramón Velázquez, que integran el bloque justicialista, por mandato partidario, “iniciamos con la Defensora del Pueblo y el resto de los ediles que no responden al bloque de la renovación, una campaña para recuperar lo que nos corresponde constitucionalmente y por Carta Orgánica, que incluye todo lo referente a la regulación del transporte de pasajeros de Posadas, y que pertenece a todos los posadeños”, manifestóFortte.
Recordó que en 2005, el Concejo Deliberante de manera inconstitucional y a través de la ordenanza 1600, cedió todas las facultades que hacen al transporte urbano de pasajeros, a los intendentes de Posadas, Garupá, Candelaria y la provincia, quienes inconstitucionalmente determinan todo lo relacionado al transporte urbano de pasajeros, tanto esa así que este año, producto de contar con una mayoría de los sectores opositores, avanzamos en la derogación de parte de esa ordenanza, con la idea de recuperar una parte del control del transporte que actualmente no lo tiene Posadas, y establecimos en julio a través de la ordenanza 2692, una conformación de una comisión mixta entre el intendente y el Concejo, para regular nuestro sistema urbano de pasajeros, previendo la posibilidad de que nuevamente en forma inconsulta e infundada, el servicio de transporte urbano pretenda especular sobre el costo de la tarifa”.
El edil destacó que “si bien hasta la fecha el Concejo no fue notificado de que la ordenanza 2692 haya sido vetada, sí tomamos conocimiento que en forma extemporánea, el intendente Franco publica en el Boletín Oficial, por decreto la derogación total de dicha ordenanza”.
"El intendente debe respetar la audiencia pública"
Mientras que el convencional Raúl Dalmau junto con la Defensora del Pueblo, sumaron su rechazo absoluto al aumento “indiscriminado y autoritario” del Municipio. “En febrero del 2008 tuvimos este mismo problema, pero no tuvimos tiempo para organizarnos, porque un domingo a la mañana los usuarios se encontraron con el aumento sin previo anuncio. No queremos que pase lo mismo y en pos de ese objetivo estamos trabajando junto con los concejales, y el resto de las organizaciones. Ya hace dos años en el marco de una iniciativa popular, y más de 30 mil posadeños dijeron no al aumento del boleto. En ese momento nos dijeron que las firmas no se podían certificar porque no había un Tribunal Electoral, ahora, el concejal (Hernán) Damiani trabaja en un proyecto para revertir esa falencia”, dijo.
Dalmau recordó que existe norma jurídica sobre el derecho de los ciudadanos a las audiencias públicas, que fue sancionada por la Convención Constituyente por unanimidad el 30 de junio, "que entrará en vigencia el 8 de noviembre cuando juremos la Carta Orgánica y sin embargo fue violado por el intendente Franco al intentar fijar un aumento del boleto, sin prever la audiencia pública. Esto es muy grave porque el costo de los servicios públicos, debe ser fijado previa audiencia pública, dice la norma, así como el libre acceso a la información que es el derecho a saber cuáles son los fundamentos que fijarán el tema del boleto a determinado precio”, remarcó.
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