Juicios por discriminación y pago en negro contra Primera Edición

Tras haber perdido un juicio de un corresponsal en corrientes ratificado por el STJ, Primera Edición afronta desde el año pasado cuatro nuevos juicios de periodistas por pago en negro.

El diario posadeño Primera Edición afronta 4 nuevos juicios en los fueros locales por discriminación y no respetar el convenio firmado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), a la cual pertenece, con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) que establece la grilla salarial de los periodistas.

Un abogado que lleva la causa de uno de los periodistas en litigio indicó que “los juicios contra esta empresa arrancan desde los 60 mil a 300 mil pesos, por la suma del retroactivo de la diferencia salarial mensual, de alrededor de 3.500$ pesos mensuales, nunca pagados”.

“Cámaras de seguridad en la redacción, violación de las cuentas de correo electrónico y Messenger son las política de control ideológico del diario, violando estrictamente la intimidad y el derecho a la privacidad establecido en nuestra constitución”, destacó.


El caso correntino

El STJ ratificó la condena que impuso al diario Primera Edición de la ciudad de Posadas la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé por la cual, el matutino deberá indemnizar a su corresponsal en este territorio provincial.

Los ministros Fernando Niz, Guillermo Semhan, Carlos Rubin y Juan Carlos Codello desestimaron por extemporáneo un reproche de constitucionalidad presentado por la empresa demandada, y confirmaron la sentencia dictada por el tribunal de Santo Tomé.

La Cámara acreditó la existencia de una relación de trabajo entre Primera Edición S.A. y el periodista, y encuadró su relación laboral en la de corresponsal del diario. Esa relación encuadra en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 301/75 por lo cual el periodista tiene derecho a percibir la suma de dinero derivada del despido injustificado.

El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia porque Primera Edición criticó la decisión de la Cámara, argumentando que ésta prescindió del contrato de edición suscripto y reconocido por el periodista, al tiempo que desconoció el Estatuto del Periodista.

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