El gobierno entregó más de dos mil módulos alimentarios a tareferos

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó un total de 2.810 módulos alimentarios a los tareferos en conflicto en Montecarlo y Oberá. La asistencia total fue de 1.250 módulos para Montecarlo y 1.560 para Oberá. En ambos municipios la población afectada por el descuento en las asignaciones familiares y el no cobro del subsidio interzafra era similar. El viernes 26, se hizo entrega de los kits escolares solicitados por los delegados para sus respectivos municipios.

Entre octubre de 2009 y principios de enero de 2010, la cartera de Desarrollo Social llevó adelante el Programa de Asistencia Alimentaria a tareferos durante el período interzafra. Sin embargo, como es de dominio público, se suscitó un conflicto por descuentos sufridos en las asignaciones familiares y el no cobro del subsidio interzafra, al haberse modificado el piso de ingreso. En ese sentido, y en virtud de la reunión mantenida el 26 de enero en la Casa de Gobierno entre mandatarios y funcionarios provinciales y nacionales, encabezados por la vicegobernadora Sandra Giménez; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación, Walter Arrighi y delegados de los trabajadores, el Gobierno de Misiones ejecutó un mecanismo de contención con módulos alimentarios para estas familias. En esa oportunidad, los delegados de Montecarlo solicitaron entregas semanales de módulos (250 por envío), mientras que los de Oberá pidieron un solo envío de mil módulos. El pedido no sólo fue cumplido, sino que en el caso de Oberá se realizaron dos entregas posteriores, de 200 módulos de alimentos; y una más de 160 el último viernes, a partir de lo solicitado por el delegado Carlos Rodríguez a la vicegobernadora Giménez
La situación del cobro del subsidio de interzafra fue resuelta, en la mayoría de los casos. Quienes cobraron, lo hicieron por medio de una planilla complementaria entre el 23 y el 26 de febrero. También se logró que ANSeS suspenda los descuentos a tareferos de cinco de las siete empresas sospechadas –las otras dos se encuentran en proceso judicial– quedando cerca de 200 trabajadores de Montecarlo y un número similar de Oberá a la espera de la devolución de lo descontado por parte de la ANSeS, medida que escapa a la jurisdicción y capacidad de decisión del Gobierno provincial.

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