La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de los referentes sociales Rubén Ortiz y Juan Carlos Di Marco, integrantes de la CTA y del Movimiento Social de Misiones, por acompañar el reclamo de los tareferos de Montecarlo. La causa volverá al Juzgado Federal de Eldorado. Para la defensa no existen elementos objetivos ni subjetivos para sostener el procesamiento y advierten que esta medida atenta contra la seguridad jurídica en la provincia.
La resolución que lleva la firma del Mario Osvaldo Boldú esta basada en los mismos argumentos que el juez de instrucción Mario Hachiro Doi utilizó para dictar el procesamiento. La causa volverá al Juzgado Federal de Eldorado a cargo ahora del Dr. José Luis Casals quien deberá continuar con la instrucción de la misma.
“La cámara consideró que los agravios de la apelación no eran suficientes para desvirtuar el grado de convicción que tuvo el juez de instrucción para dictar el procesamiento. Procesamiento que estuvo basado en declaraciones de testigos que solamente sostuvieron que Ortiz y Di Marco mediaban o dialogaban pero no pudieron escuchar siquiera alguna expresión de mis defendidos que diera cuenta que estaban incitando o instigando a nadie”, destacó la Dra. Roxana Rivas quien junto al Dr. Gustavo Haene llevan adelante la defensa.
Ambos profesionales anticiparon que con el regreso de la causa al juzgado federal de Eldorado, se podrán aportar las pruebas necesarias para sostener que todas las decisiones que se tomaron durante la protesta, legitima, de los tareferos fueron en asambleas, que nunca hubo ningún instigador ni incitador, que la participación de ambos dirigentes sociales como otros se produjo a partir de la desesperante situación de estos trabajadores que sin encontrar ningún funcionario o representante que pudiera volver eficaz su reclamo apelaron a la solidaridad de ciudadanos comprometidos y sensibilizados para peticionar ante las autoridades.
“Que haya llegado a la Cámara no significa que la instrucción de la causa se haya terminado, ahora el juez Casals será quien determine el sobreseimiento definitivo o la elevación a juicio oral, nosotros esperamos el sobreseimiento porque es la única medida que en este expediente se ajustaría a derecho”, destacó la defensora y advirtió que se “están resucitando peligrosamente artículos del código penal que ya están en desuso y que no aportan en nada a resolver los problemas que originan los reclamos pero que atentan contra todo nuestro sistema democrático”.
La medida se conoció días después de que Mario Hachiro Doi, en una de sus últimas resoluciones al frente del Juzgado Federal de Eldorado decidiera la elevación a Juicio Oral la causa que criminalizó el reclamo por escuelas dignas de padres y docentes autoconvocados de Puerto Iguazú. Ayer en conferencia de prensa agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Humanidades exigieron el sobreseimiento definitivo de Ramona Romero directora de la Esc. 694 y de los padres autoconvocados y anticiparon la recolección de firmas y presentación de notas con este reclamo al Juzgado de Eldorado.
La causa
El reclamo de los tareferos de la zona de Montecarlo estalló a principios de este año por la imposibilidad de muchos de estos trabajadores de acceder a un subsidio de 225 pesos otorgado por el gobierno nacional para el periodo de la inter zafra. El conflicto puso una vez en escena además las condiciones de precarización laboral y de explotación a los que son sometidos. También hizo evidente la política del gobierno provincial de judicializar a referentes y dirigentes sociales para reprimir y contener las protestas.
Rubén Ortiz, secretario general de CTA de Montecarlo y Juan Carlos Di Marco, Coordinador Técnico Operativo del Proyecto Asesoría Jurídica de Endepa –Equipo Nacional de Pastoral Aborigen- , ambos integrantes de la Mesa de Conducción del Movimiento Social de Misiones, fueron procesados por Hachiro Doi por los presuntos delitos “de instigación a cometer el delito de interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra e interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra en concurso real. art. 209, 194 y 55 del C.P de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del CPPN y 45 del CP”. El juez también trabó un embargo de 7 mil pesos sobre los bienes de cada uno de ellos.
El expediente lleva el Nº M-44/2009, está caratulado "JEFE SEC MONTECARLO DE GENDARMERIA NACIONAL S/COMUNICA CORTE TOTAL DEL CORREDOR VIAL RUTA NACIONAL 12 KILOMETRO 1519”. Al mismo se sumó una denuncia hecha por el propio estado provincial a través del Ministro de Gobierno Jorge Franco, en un hecho que consideran sin precedentes en la judicialización de los reclamos sociales en todo el país.
La resolución que lleva la firma del Mario Osvaldo Boldú esta basada en los mismos argumentos que el juez de instrucción Mario Hachiro Doi utilizó para dictar el procesamiento. La causa volverá al Juzgado Federal de Eldorado a cargo ahora del Dr. José Luis Casals quien deberá continuar con la instrucción de la misma.
“La cámara consideró que los agravios de la apelación no eran suficientes para desvirtuar el grado de convicción que tuvo el juez de instrucción para dictar el procesamiento. Procesamiento que estuvo basado en declaraciones de testigos que solamente sostuvieron que Ortiz y Di Marco mediaban o dialogaban pero no pudieron escuchar siquiera alguna expresión de mis defendidos que diera cuenta que estaban incitando o instigando a nadie”, destacó la Dra. Roxana Rivas quien junto al Dr. Gustavo Haene llevan adelante la defensa.
Ambos profesionales anticiparon que con el regreso de la causa al juzgado federal de Eldorado, se podrán aportar las pruebas necesarias para sostener que todas las decisiones que se tomaron durante la protesta, legitima, de los tareferos fueron en asambleas, que nunca hubo ningún instigador ni incitador, que la participación de ambos dirigentes sociales como otros se produjo a partir de la desesperante situación de estos trabajadores que sin encontrar ningún funcionario o representante que pudiera volver eficaz su reclamo apelaron a la solidaridad de ciudadanos comprometidos y sensibilizados para peticionar ante las autoridades.
“Que haya llegado a la Cámara no significa que la instrucción de la causa se haya terminado, ahora el juez Casals será quien determine el sobreseimiento definitivo o la elevación a juicio oral, nosotros esperamos el sobreseimiento porque es la única medida que en este expediente se ajustaría a derecho”, destacó la defensora y advirtió que se “están resucitando peligrosamente artículos del código penal que ya están en desuso y que no aportan en nada a resolver los problemas que originan los reclamos pero que atentan contra todo nuestro sistema democrático”.
La medida se conoció días después de que Mario Hachiro Doi, en una de sus últimas resoluciones al frente del Juzgado Federal de Eldorado decidiera la elevación a Juicio Oral la causa que criminalizó el reclamo por escuelas dignas de padres y docentes autoconvocados de Puerto Iguazú. Ayer en conferencia de prensa agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Humanidades exigieron el sobreseimiento definitivo de Ramona Romero directora de la Esc. 694 y de los padres autoconvocados y anticiparon la recolección de firmas y presentación de notas con este reclamo al Juzgado de Eldorado.
La causa
El reclamo de los tareferos de la zona de Montecarlo estalló a principios de este año por la imposibilidad de muchos de estos trabajadores de acceder a un subsidio de 225 pesos otorgado por el gobierno nacional para el periodo de la inter zafra. El conflicto puso una vez en escena además las condiciones de precarización laboral y de explotación a los que son sometidos. También hizo evidente la política del gobierno provincial de judicializar a referentes y dirigentes sociales para reprimir y contener las protestas.
Rubén Ortiz, secretario general de CTA de Montecarlo y Juan Carlos Di Marco, Coordinador Técnico Operativo del Proyecto Asesoría Jurídica de Endepa –Equipo Nacional de Pastoral Aborigen- , ambos integrantes de la Mesa de Conducción del Movimiento Social de Misiones, fueron procesados por Hachiro Doi por los presuntos delitos “de instigación a cometer el delito de interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra e interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra en concurso real. art. 209, 194 y 55 del C.P de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del CPPN y 45 del CP”. El juez también trabó un embargo de 7 mil pesos sobre los bienes de cada uno de ellos.
El expediente lleva el Nº M-44/2009, está caratulado "JEFE SEC MONTECARLO DE GENDARMERIA NACIONAL S/COMUNICA CORTE TOTAL DEL CORREDOR VIAL RUTA NACIONAL 12 KILOMETRO 1519”. Al mismo se sumó una denuncia hecha por el propio estado provincial a través del Ministro de Gobierno Jorge Franco, en un hecho que consideran sin precedentes en la judicialización de los reclamos sociales en todo el país.
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