A una semana de cerrar un año con un déficit que superaría los 16.000 millones de pesos, las provincias recibirán esa suma para cubrir "desequilibrios financieros" y poder abonar los sueldos de este mes y el aguinaldo antes que arranque 2010.
A una semana de cerrar un año con un déficit que superaría los 16.000 millones de pesos, las provincias recibirán nada más que 10 millones de pesos de la Nación para cubrir "desequilibrios financieros" y poder abonar los sueldos de este mes y el aguinaldo antes que arranque 2010.
El giro del dinero será realizado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que demandó una reasignación de recursos dentro del ministerio del Interior, que preside Florencio Randazzo.
La decisión que lleva el número 578 está firmada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, y no detalla cómo será la distribución de los fondos ni cuáles serán las jurisdicciones beneficiadas.
Así, además de algunos arreglos particulares con determinados gobernadores, la administración kirchnerista intenta oxigenar las cuentas provinciales en forma provisoria, para que no se produzcan inconvenientes justo al terminar un año difícil.
Lo más llamativo de la medida es que en ella el Gobierno reconoció "situaciones de emergencia y desequilibrio financiero" en algunas provincias, aunque tampoco indicó cuáles son las que están con los números en rojo.
Según estimaciones privadas, 22 provincias terminarán 2009 con sus cuentas en rojo y en conjunto registrarán un déficit financiero de 16.400 de pesos, de los cuales 6.000 millones pertenecen sólo a la provincia de Buenos Aires.
Los fondos que desembarcarán desde mañana en las jurisdicciones beneficiadas no alcanzarán para cubrir todos los baches financieros que apremian a los gobernadores, pero servirán para asegurar sueldos y aguinaldos.
Las provincias también registran atrasos de hasta 180 días en el pago a proveedores y contratistas del Estado, e incluso seis de ellas siguen analizando emitir bonos para cumplir, como la gobernación de Daniel Scioli en Buenos Aires.
Ante la falta de fondos, en los últimos días recobró fuerza un reclamo de las gobernaciones -incluso oficialistas- que data de dos años: una nueva ley de Coparticipación de Recursos Fiscales.
Es que según lo propios ejecutivos provinciales, la norma actual (23.548), sancionada en enero de 1988, no responde a las nuevas necesidades de cada provincia y no es equitativa según la población y el aporte de cada una al PBI nacional.
Aunque, desde otras gobernaciones prefieren no reclamar una nueva legislación para evitar perder puntos proporcionales a mano de otras jurisdicción que merezcan más fondos.
La polémica no le es ajena al "nuevo" Congreso, y 34 senadores de la oposición tomaron la posta y fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir ser escuchados en las causas donde se discute por la coparticipación.
Puntualmente, el pedido es para ser aceptados como amicus curiae (amigos del tribunal) para poder intervenir en las causas por reclamo de fondos que se iniciaron por planteos de las provincias.
El máximo Tribunal tiene en sus manos causas iniciadas por las provincias de San Luis, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, quienes quieren una nueva ley de coparticipación.
Entre de los más oficialistas, que reclaman por lo bajo, trascendió la propuesta para que la Nación comience por respetar el reparto del 35 por ciento de la recaudación nacional de impuestos, exigido por la ley 23.548) que hoy estaría en el 22 por ciento.
A una semana de cerrar un año con un déficit que superaría los 16.000 millones de pesos, las provincias recibirán nada más que 10 millones de pesos de la Nación para cubrir "desequilibrios financieros" y poder abonar los sueldos de este mes y el aguinaldo antes que arranque 2010.
El giro del dinero será realizado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que demandó una reasignación de recursos dentro del ministerio del Interior, que preside Florencio Randazzo.
La decisión que lleva el número 578 está firmada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, y no detalla cómo será la distribución de los fondos ni cuáles serán las jurisdicciones beneficiadas.
Así, además de algunos arreglos particulares con determinados gobernadores, la administración kirchnerista intenta oxigenar las cuentas provinciales en forma provisoria, para que no se produzcan inconvenientes justo al terminar un año difícil.
Lo más llamativo de la medida es que en ella el Gobierno reconoció "situaciones de emergencia y desequilibrio financiero" en algunas provincias, aunque tampoco indicó cuáles son las que están con los números en rojo.
Según estimaciones privadas, 22 provincias terminarán 2009 con sus cuentas en rojo y en conjunto registrarán un déficit financiero de 16.400 de pesos, de los cuales 6.000 millones pertenecen sólo a la provincia de Buenos Aires.
Los fondos que desembarcarán desde mañana en las jurisdicciones beneficiadas no alcanzarán para cubrir todos los baches financieros que apremian a los gobernadores, pero servirán para asegurar sueldos y aguinaldos.
Las provincias también registran atrasos de hasta 180 días en el pago a proveedores y contratistas del Estado, e incluso seis de ellas siguen analizando emitir bonos para cumplir, como la gobernación de Daniel Scioli en Buenos Aires.
Ante la falta de fondos, en los últimos días recobró fuerza un reclamo de las gobernaciones -incluso oficialistas- que data de dos años: una nueva ley de Coparticipación de Recursos Fiscales.
Es que según lo propios ejecutivos provinciales, la norma actual (23.548), sancionada en enero de 1988, no responde a las nuevas necesidades de cada provincia y no es equitativa según la población y el aporte de cada una al PBI nacional.
Aunque, desde otras gobernaciones prefieren no reclamar una nueva legislación para evitar perder puntos proporcionales a mano de otras jurisdicción que merezcan más fondos.
La polémica no le es ajena al "nuevo" Congreso, y 34 senadores de la oposición tomaron la posta y fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir ser escuchados en las causas donde se discute por la coparticipación.
Puntualmente, el pedido es para ser aceptados como amicus curiae (amigos del tribunal) para poder intervenir en las causas por reclamo de fondos que se iniciaron por planteos de las provincias.
El máximo Tribunal tiene en sus manos causas iniciadas por las provincias de San Luis, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, quienes quieren una nueva ley de coparticipación.
Entre de los más oficialistas, que reclaman por lo bajo, trascendió la propuesta para que la Nación comience por respetar el reparto del 35 por ciento de la recaudación nacional de impuestos, exigido por la ley 23.548) que hoy estaría en el 22 por ciento.
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